Estimado Sr. Caldera, he estado leyendo durante estos días, las exigencias y requerimientos de la ONCE, hacia su gobierno para la puesta en marcha de los compromisos sobre la participación de dicha institución en determinadas loterías.

La ONCE, no puede exigir a su Gobierno ni a ningún otro el cumplimiento de un compromiso, cuando ellos han incumplido los suyos desde la creación de la ONCE. como usted bien sabe, la creación de la Fundación ONCE en el año 1987, fue consecuencia del acuerdo entre el gobierno de ese momento y la once para la ilegalización de una lotería "ilegal" de minusválidos no ciegos, llamado PRODIECU.

La ONCE, se comprometía a destinar el 3% de la venta bruta de su cupón hacia el colectivo de minusválidos no ciegos. Pues bien, como usted ha podido comprobar, a través de los reportajes aparecidos en la Revista Capital, dicha institución incumplió su compromiso, devolviendo nuevamente hacia la ONCE, una parte muy importante de ese 3%, mediante el ardid que ellos denominaban "Retorno", con lo cual los ciegos vuelven a tener todas las prebendas y privilegios y el resto de los discapacitados, quedan a merced de su dádiva o limosna.

No entiendo como un gobierno puede dejar en manos de una institución, que hemos podido comprobar que es corrupta desde su base, el destino de miles de discapacitados no ciegos y sus familias, cuando esa protección debería recaer en el Gobierno (los llamados bienes públicos globales, entre los que se encuentran la libertad, la justicia, la defensa, etc...) Sólo en el supuesto de que una organización pudiera realizar mejor esa función que el gobierno (es decir fuera más eficaz y eficiente), se la podría dejar en manos privadas, pero como por desgracia hemos podido comprobar esto no es así.

Dese cuenta que detrás de esa dejación de funciones, está la supervivencia y el futuro de muchos discapacitados no ciegos.