FRANCISCO J. SANDRÓN PELÁEZ es presidente de ASPAYM Castilla León y el artículo que aquí reproducimos ha sido publicado en EL NORTE DE CASTILLA

EL FUTURO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Por FRANCISCO J. SANDRÓN PELÁEZ

FRANCISCO J. SANDRÓN PELÁEZUna asociación de carácter social se crea porque hay un grupo de personas con uno o varios problemas en común que entienden que alguno o algunos de sus derechos constitucionales o naturales no les pueden desarrollar y deciden organizarse para reivindicar el cumplimiento real de sus derechos. Esa es la génesis de cualquier asociación de naturaleza social.

Los diversos organismos e instituciones públicas que conforman el Estado y sus ramificaciones autonómicas y municipales tienen la responsabilidad de llevar a cabo el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos que nos acogen a los ciudadanos de un país y las asociaciones, en principio, solo deberían de ocuparse de velar y vigilar para que este cumplimiento fuera real y satisfactorio para los diferentes colectivos que representan, y en el caso de que no fuera así, reclamar por las diferentes vías leales y legales existentes el cumplimiento estricto de los mismos.

Muchos han sido los logros conseguidos por el movimiento asociativo en los últimos años, los niveles de integración social y de mejora de calidad de vida existentes en la actualidad, sin ser suficientes, no serían los mismos sin la presión y la concienciación que las asociaciones han realizado a las instituciones públicas y a la sociedad. Debido a este relativo éxito, muchas asociaciones decidieron dar un paso más ampliando su cuota de responsabilidad y comenzaron a dar servicios a sus colectivos, servicios de rehabilitación, de educación, residenciales, servicios de orientación, formación, asesoramiento, servicios ocupacionales, de empleo etcétera. En parte, porque las instituciones públicas se fueron dando cuenta de que la progresiva profesionalización y especialización de las asociaciones les era altamente útil y beneficioso, ya que podrían ceder parte de su responsabilidad y su carga social a estas asociaciones que además lo harían con un coste económico menor o más proporcionado. En parte, también, por el propio convencimiento de las asociaciones de la incapacidad, por diferentes motivos, de los organismos públicos para poder dar estos servicios con un mínimo de solvencia, calidad y perdurabilidad.

Las asociaciones, en la actualidad, se han convertido en prestadoras de servicios y sus socios exigen que estos servicios sean los óptimos para sus necesidades y demandan más.

Los representantes de las asociaciones, por tanto, tienen la responsabilidad de negociar con los representantes políticos la financiación adecuada para poder seguir prestando estos servicios. Esta dinámica, sin duda, está haciendo declinar el carácter reivindicativo de las asociaciones ya que los representantes de las mismas no solo tienen que garantizar a sus colectivos los servicios que ya prestan sino que tienen que pensar en salvaguardar muchos puestos de trabajo. En numerosas circunstancias el conformismo, la displicencia ensombrece la génesis del movimiento asociativo. La financiación de unos servicios básicos, responsabilidad de los organismos públicos, se convierte en un poderosa herramienta política silenciando la voz de los sin voz. La mejora de la calidad de vida de los colectivos menos favorecidos en ningún caso debería ser negociable. Sí que debemos mantener un tono colaborador pero no a costa de prestar unos servicios en precario que en la realidad se convierten en servicios privados a cargo de los bolsillos de los más necesitados.

Esta dinámica está trayendo consigo, también, la aparición de asociaciones escasamente representativas que están recibiendo subvenciones que no redundan en los colectivos que supuestamente representan pero que saben aprovecharse del coste que ciertos políticos entienden como asumibles en su afán de controlar al movimiento asociativo. La falta de equidad entre las comunidades que configuran nuestro estado en materia social no es consecuencia de la mayor o menor sensibilidad del político de turno, aspecto que se les debería presuponer como el de la buena voluntad y la honradez, sino de la simpatía o confianza política, que no ideológica lo cual desembocaría en el pragmatismo, entre el representante asociativo y el sinónimo político, consecuencia, también, de esta dinámica.

El futuro del movimiento asociativo, por una parte, parece garantizado si nos olvidamos de su génesis, si obviamos su razón de ser; por otra parte, se encuentra en un momento de incertidumbre, dubitativo, sin dilucidar el camino a seguir.

La palabra equilibrio puede ser la solución a muchas dudas pero los equilibrios suelen ser arriesgados y caducos y a riesgo de parecer demagógico los responsables del movimiento asociativo no deberían poner en riesgo la finalidad última de alcanzar la integración social plena y la igualdad de oportunidades para sus representados. El futuro, entonces, parece pasar por un equilibrio desigual a favor del movimiento asociativo serio, responsable y con proyectos tangibles, sin dudas ni complejos, adquiriendo conciencia social, fomentando la unión para facilitar la interlocución, leal desde luego,, pero sin olvidar sus orígenes.

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