Artículo publicado en
REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas
UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA A LA DISCAPACIDAD DESDE EL MODELO SOCIAL: APUNTES CARACTERIOLÓGICOS
Los tres vértices de la construcción social de la discapacidad
La discapacidad es una realidad social que «viven» personas humanas, sujetos-agentes instalados en la lógica convivencial de un entorno cuyos habitantes privilegiados no tienen discapacidad. Ello implica: i) que su existencia cotidiana está dominada por una singularidad: sus prácticas e interacciones quedan sujetas y condicionadas a ésa su discapacidad; ii) que dicha singularidad los homogeiniza, haciendo abstracción de toda la diversidad inscrita en las particulares condiciones de su existencia, induciendo una concepción de sí anclada en la oposición a los no discapacitados; se induce una identidad social «en negativo»; y iii) que dicha singularidad y dicha homogeinización identitaria, automáticamente, suponen una clasificación del colectivo en la ordenación jerárquica de la sociedad. Se hallan implicadas, pues, tres dimensiones en el fenómeno social de la discapacidad: la de las prácticas propias (condicionalmente propias, por su singularidad) de las personas con discapacidad, la de su identidad social y la de su posición en la estructura social. En las tres es constatable que la determinación del fenómeno es la heteronomía, la inducción desde afuera de especificaciones, y especificidades, que conforman la discapacidad como hecho social, y la conforman sin tomar en consideración a quienes son sus protagonistas.
O dicho de otro modo, frente a quienes pudieran cuestionar esta dimensión social de la discapacidad, se puede evidenciar que en tres ejes centrales constitutivos de todo «hecho social», la interacción práctica, la construcción simbólica y la estructuración material, la discapacidad se evidencia sólida, coherente y homogéneamente dotada de «facticidad». Lo cual significaría que si decidiésemos abordar el estudio sociológico de la discapacidad desde cualquiera de los frentes teóricos clásicos (el de la acción social weberiano, el normativo propio del positivismo durkheimniano o el de la determinación material marxiano) podríamos aportar evidencia de ésa su dimensión social.
El modelo social anglosajón ha centrado sus interpretaciones en el hecho de la condición oprimida y excluida de las personas con discapacidad; es decir, han priorizado la dimensión material del fenómeno, llegando a señalar, en una clave marcadamente marxiana, que su constitución actual es fruto de las necesidades productivas del sistema capitalista (Oliver, 1990), para afirmar que sus consecuencias más directas se traducen, en términos políticos, en la carencia de derechos cívicos; o lo que es lo mismo, han apuntado una causa material (estratificación social) de un hecho ideológico (que afecta a la identidad social del colectivo). Se trata, en consecuencia, de una perspectiva macro-sociológica que ha prestado mucha menos atención a la tercera dimensión del fenómeno, a su constitución práctica en virtud de la interacción cotidiana de los sujetos concretos.
Partimos de un presupuesto, en el terreno de las prácticas sociales y que hemos expuesto en ya en diversas ocasiones (Ferreira, 2007, 2005), que es el de su naturaleza constitutivamente reflexiva: ejecutamos un habitus (Bourdieu,1991, 1998) cotidiano que modela nuestras percepciones, acciones y representaciones de y en el mundo; un habitus, además, inscrito en contextos institucionalizados que imponen una lógica subyacente, un sentido correcto del hacer y del entender que viene determinado por la membresía colectiva a tales contextos (Garfinkel, 1984). El entorno socio-cultural en el que nos desenvolvemos nos provee de las herramientas representacionales que nos orientan y guían en nuestro quehacer diario; pero, simultáneamente, el efecto práctico de nuestros actos, así orientados, modifica significativamente ese entorno, modificando con ello los referentes en virtud de los cuales elaboramos nuestras representaciones. Actuamos guiados por el modo de ver las cosas que hemos heredado y adquirido como miembros de los colectivos a los que pertenecemos, pero nuestra acción, lejos de ser un efecto puramente mecánico de esa herencia, transforma dichos condicionantes. Nuestras prácticas cotidianas implican una codeterminación recurrente de acción y pensamiento en la que aprendemos haciendo y hacemos aprendiendo. Ésa es nuestra concepción de la dimensión reflexiva de las prácticas sociales: lejos de asimilarse a la noción consolidada de la reflexividad en las teorizaciones sociológicas, se distancia críticamente de la misma, reivindicando la prioridad de su naturaleza constitutiva, como ingrediente de lo social, que es la condición que permite al investigador social asumirse en su tarea como reflexivo, y no a la inversa. (13)
En este marco reflexivo hemos de encuadrar la realidad social de la discapacidad, lo cual supone comprender las implicaciones que conlleva esta lógica práctica para las personas cuya existencia cotidiana está sujeta a la singularidad propia de su condición de personas con discapacidad. Esa situación singular implica un espacio de actuación específico y, al tiempo, una herencia adquirida respecto al sentido que su discapacidad implica en el entorno inmediato de acción en el que se desenvuelve. Se sabe condicionada por sus limitaciones particulares para el desenvolvimiento cotidiano, y se sabe condicionada por la representación que dichas limitaciones conlleva. Este doble condicionamiento, condicionamiento reflexivo, especifica el marco de referencia, práctico y representacional, en el que la persona con discapacidad se desenvuelve día a día.
En un sentido amplio, nuestro contexto social de acción está muy limitadamente adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad, lo cual condiciona significativamente sus posibilidades de desenvolvimiento práctico. Hay muchas cosas que una persona con discapacidad, a diferencia de quien no lo es, no puede hacer; pero en numerosas ocasiones ello no es debido a su propia limitación, sino a las limitaciones impuestas por su entorno de convivencia. Ellos están obligados a adaptarse a ese entorno, mientas que la sociedad no siente en la misma medida la obligación de promover una adaptación recíproca. Lo cual resulta, además, enormemente contradictorio, pues esa adaptación colectiva a las necesidades de las personas con discapacidad redundaría en beneficio de todos: cuantas medidas de adaptación práctica se promuevan para suplir deficiencias sensitivas, motrices o psíquicas serán beneficiosas tanto para quienes poseen esas «deficiencias» como para quienes no las poseen. Las medidas sociales de adaptación a la discapacidad no implican, nunca, un perjuicio para las personas sin discapacidad, sino todo lo contrario. (14)
Además, en este marco de la recurrencia reflexiva de las prácticas cotidianas, cobre relevancia la «herencia» del pasado: por mucho que estemos asistiendo a una transición en los modos de percepción e interpretación de la discapacidad, la gran mayoría de la población asume como propias las representaciones que de la misma se han venido recogiendo de épocas precedentes; todavía tienen un poder preformativo inmenso los estereotipos negativos asociados a la discapacidad. (15) La sensibilidad general respecto a la discapacidad dista mucho de ser integradora: se podría abundar ampliamente en el repertorio de expresiones peyorativas y discriminatorias que tienen como tema central alguna discapacidad (estar borracho es estar ciego; los sordos son como tapias; los cojos son socios semánticos de los mentirosos; etc., etc., etc.). La representación colectiva de la discapacidad no es la de una diferencia integrada en un mundo caracterizado por la diversidad —diversidad que efectivamente caracteriza nuestra convivencia—, sino que indica, muy al contrario, la existencia de una deficiencia que se traduce en inferioridad respecto de un hipotético estándar de normalidad: discapacidad es minus-valía. Cabría quizá la medida política de promover el término de alter-valía como alternativa a esa evidente catalogación social de la discapacidad, pues lo que efectivamente vive la persona con discapacidad es otro modo de valerse en ese entorno, todavía, ampliamente hostil. (16)
Este banco de pruebas es el que, en gran medida, todavía está por explorar: la aproximación a la estructuración reflexiva de las prácticas cotidianas implica investigaciones empíricas de carácter cualitativo, por definición, limitadas en su ámbito de aplicación, costosas y escasamente rentables a efectos de «marketing» para sus promotores.
Tanto por los condicionantes prácticos (obstáculos materiales) como por los referentes representacionales (depreciación simbólica), el habitus de las personas con discapacidad se configura, operativa y simbólicamente, como el de un colectivo segregado del conjunto de la comunidad, homogeneizado por su insuficiencia, su incapacidad y su valía reducida respecto de las suficiencias capacidades y valías de la generalidad de la población sin discapacidad. Y ello, es obvio, ha de repercutir en los procesos de interacción cotidianos en los que han de implicarse. Se trata de un espacio práctico de interacción en el que el habitus de la persona con discapacidad se va constituyendo como un reflejo en negativo de la integridad efectiva de la vida práctica de la ciudadanía. La condición reflexiva de las personas con discapacidad les transmite la herencia de un sentido de la discapacidad claramente marginal y marginalizado, una representación establecida por referencia a un estándar de normalidad que edifica nuestro entorno práctico de convivencia. Obligados a desenvolverse en un mapa simbólico heredado según el cual tener discapacidad es algo «malo», la práctica diaria refuerza la discriminación social asociada a su condición. Podemos hablar de un grupo social fragmentario, cuya fragmentación es resultado de la disección clínica que las múltiples afecciones fisiológicas y psíquicas que pueden ser la base del fenómeno social de la discapacidad opera sobre ese colectivo. La sociedad, indudablemente, se enfrenta a un «problema», no a una singularidad o diferencia, y las soluciones se planifican adaptándolas a las particularidades de cada caso. Cada persona con discapacidad es lo que es, en su práctica cotidiana, dependiendo de la diagnosis clínica que señala qué particular deficiencia padece. Obviamente, como colectivo, no existe la posibilidad de identificar patrones comunes de referencia según los cuales construir una experiencia práctica colectiva, esto es, una sólida interacción social basada en las señas de identidad singulares que identifican a la persona con discapacidad como tal. Averiguar la experiencia cotidiana de las personas con discapacidad en lo relativo a esta dimensión práctica e interactiva es una de las tareas que deberían ser abordadas por la sociología.
La discapacidad, como fenómeno social, ilustra diáfanamente un proceso de imposición identitaria fundada en las determinaciones jerárquicas socialmente definidas. No es de extrañar que ésta haya sido la preocupación central, tanto de quienes han abanderado el activismo en el ámbito de la discapacidad, como de los autores e investigadores que se han dedicado a su estudio sociológico.
La construcción social de la identidad de las personas con discapacidad opera en virtud de un mecanismo heterónomo: «aquellos de nosotros que hemos nacido con una minusvalía sólo nos damos cuenta habitualmente de que somos “diferentes” cuando entramos en contacto con otras personas “nodiscapacitadas” » (Barnes, 2007). La afirmación, en su sencillez, expresa de manera rotunda el hecho impositivo de la diferencia (o, según las pretensiones de la CIF, de la «ampliación» de los márgenes de la normalidad). Que la identidad social se construya por referencia a otro que marca la diferencia es algo extensible a casi cualquier colectividad humana: el yo colectivo se erige, a partir de esa diferencia, como referente de la propia homogeneidad inclusiva, porque posee rasgos distintivos propios que puede reclamar en apoyo de esa identidad. Dicho de otra manera, aunque la referencia sea la diferencia respecto al otro, es el propio grupo el que la define, y es el propio grupo el que, frente a ella, se define identitariamente en virtud de su propia constitución (étnica, política, histórica, lingüística,…); la identidad colectiva se construye de manera autónoma. En el caso de la discapacidad no sucede eso.
La persona con discapacidad «se da cuenta» de su diferencia, no la construye. La diferencia es definida por el otro y, a su vez, la identidad que de ella surge no es una según la cual la discapacidad constituya un hecho propio diferenciador, sino la ausencia de rasgos identitarios respecto al otro. Es una identidad heterónoma y en negativo; es una identidad excluyente y marginalizadora. identidad de la insuficiencia, la carencia y la falta de autonomía.
El problema radica en ese modo en el que colectivamente se enfoca, de manera predominante todavía, el hecho de la discapacidad: el resultado de una afección fisiológica que un individuo padece. Es decir, existen «individuos» discapacitados (y no «personas», genéricas, uno de cuyos atributos, junto a otros como la edad, el sexo, el color del pelo o las preferencias ideológicas, sería la discapacidad), que como tales lo son por causa de una particular deficiencia. No es lo mismo una lesión medular que una deficiencia visual, o auditiva, o que un síndrome de transferencia genética, o que el seccionamiento de un miembro, o que… hasta el infinito. En un mundo en el que la discapacidad se considere como la multiforme manifestación de infinidad de afecciones particulares, la identidad social las personas con discapacidad no puede construirse. (17) O, por peor decir, la identidad social de la persona con discapacidad será la no-identidad de quien no posee lo que los no-discapacitados sí poseen... la normalidad. (18)
Así, las principales reivindicaciones en contra de ese modelo individualista, clínico y marginalizador de entender la discapacidad han ido en el sentido de reclamar el derecho a poseer una identidad autónoma: «el problema de la discapacidad no descansa solamente en el daño de una función y sus efectos sobre nosotros individualmente, sino también, y lo que es más importante, en el terreno de nuestras relaciones con las personas “normales”» (Hunt, 1966:146); es decir, de lo que se trata es de evidenciar que es la sociedad la que define e impone el sentido identitario de la discapacidad.
Es la identidad, precisamente, el foco principal de atención de quienes, reconociendo su condición marginal como personas con discapacidad, reivindican la equiparación de derechos, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de una «Vida Independiente»:
«La palabra “discapacitado” es utilizada como un término general que abarca un amplio número de personas que no tienen nada en común entre sí, excepto que no funcionan exactamente del mismo modo que aquellas personas denominadas “normales”. En consecuencia, este amplio conjunto de personas son consideradas “anormales”. Se nos ve como “anormales” porque somos diferentes; somos personas problemáticas, que carecemos de lo necesario para la integración en la sociedad. Pero lo cierto es que, al igual que sucede con cualquier otra persona, existe un conjunto de cosas que podemos hacer y que no podemos hacer, un conjunto de capacidades tanto mentales como psíquicas que son únicas para nosotros como individuos» (Brisenden, 1986:176)
Entre los investigadores de la discapacidad defensores del modelo social existe un evidente acuerdo respecto al imaginario social sobre el que se construye esta identidad, en negativo, de la persona con discapacidad; son conscientes de los estereotipos que rodean a la discapacidad y que contribuyen a modelar la imagen impuesta de la misma:
«Paul Hunt, probablemente el escritor y activista discapacitado más influyente que ha alumbrado Gran Bretaña (…) resume de manera precisa uno de los principales obstáculos para la emancipación de las personas discapacitadas: el retrato estereotipado de las personas con discapacidad en la cultura popular. (…) Los discapacitados han identificado diez esterotipos recurrentes y habituales de la discapacidad en los mass media. Incluyen: la persona discapacitada como lastimosa y patética, como un objeto de curiosidad o violencia, como siniestra o diabólica, como hiper lisiada, como etérea, como ridícula, como su propia peor enemiga, como una carga, como asexuada, y como incapaz de participar en la vida diaria» (Barnes, 1991b:45-46)
Por lo tanto, reiteramos, la identidad social la persona con discapacidad es construida e impuesta desde el entorno no discapacitado, implica heteronomía y, como consecuencia práctica, exclusión y opresión, aspectos éstos que apuntan ya al tercero de los vértices analíticos que planteamos, el de la estratificación social y la distribución de recursos. En cualquier caso, es la sociedad la que define esa identidad, la que, cultural y simbólicamente (además que de forma práctica) «discapacita» a las personas con discapacidad:
«Simplemente somos personas con diferentes capacidades y requerimientos, de modo que somos discapacitados por una sociedad que está engranada por las necesidades de aquellos que pueden caminar, que poseen una visión y una audición perfectas, que pueden hablar claramente y que son hábiles intelectualmente. (…) La discapacitación descansa en la construcción de la sociedad, no en las condiciones físicas del individuo. Sin embargo, este argumento es habitualmente rechazado, precisamente porque aceptarlo conlleva reconocer hasta qué punto no somos simplemente desafortunados, sino que somos dicrectamente oprimidos por un entorno social hostil», (Brisenden, 1986:177)
Además, del mismo modo que la discapacidad se opone a la «normalidad», en términos de carencia, igualmente la definición social de la misma va asociada a la connotación de «dependencia» —de ahí que la reclamación de los activistas a favor de la igualación de derechos para las personas con discapacidad sea la una «Vida Independiente»—: la discapacidad implica dependencia, mientras que la no-discapacidad supone independencia. Esta dicotomía dependencia/ independencia, planteada en términos absolutos, es, obviamente falsa, pues:
«Ninguno de nosotros somos realmente individuos independientes, dependiendo como lo hacemos de las estructuras que mantienen nuestra vida diaria. Estar completamente vivo como ser humano requiere una complicada interdependencia entre redes de personas y sistemas. Independencia no significa adaptarse sin ninguna clase de ayuda. Ello supondría una vida bastante triste». (Corbett, 1997: 90)
En relación con esto, pues, no se trata del padecimiento de una dependencia (ideologema asociado a la identidad social de la discapacidad). sino, muy al contrario, de las muy prácticas restricciones impuestas a las personas con discapacidad para su pleno acceso a la dependencia propiamente social y socializadora, a la Inter-dependencia. La connotación asociada a la definición socialmente impuesta de la identidad de las personas con discapacidad transforma en una representación errónea algo que implica una realidad bien distinta:
«En nuestras elecciones de intereses, amistades y redes sociales crecemos y nos desarrollamos y disfrutamos de la rica Inter.-dependencia que una vida plena ofrece. (…) Parece inapropiado hablar de independencia sin reconocer cuan significativa es nuestra Interdependencia». (Ibid.: 92)
La dependencia, como cuestión práctica, nos afecta, positivamente, a todos; si las personas con discapacidad carecen de independencia, ello no se debe a lo que esa errónea representación pretende mostrar, sino a que se les impide decidir acerca de su propia vida: «Es mucho más adecuado que la otra persona tome la iniciativa y dirija las acciones que pueden entonces ser realizadas por personas no discapacitadas de apoyo que asumir el control por ella (…) (lo que nos indicaría) la importancia de distinguir entre la independencia como un proceso basado en habilidades y la independencia como una marca de la individualidad». (Ibid.: 93).
Íntimamente vinculada con los aspectos relativos a la identidad social de las personas con discapacidad está la cuestión relativa a su ubicación específica dentro del conjunto de la estructura social. Quizá para los más escépticos esta tercera dimensión social de la discapacidad sea menos cuestionable, pues aporta datos estadísticos. Todavía hoy en día persisten dos visiones claramente contrapuestas en relación con la distribución de los recursos en una sociedad y el desigual acceso y disfrute de los mismos por parte de sus miembros. La versión liberal defiende que dicha desigualdad es el resultado del reparto de las capacidades y merecimientos individuales: existe una cantidad limitada de «talento» dentro de toda sociedad, y un rango diverso de actividades que realizar; sólo aquellos que poseen suficiente talento podrán optar a los lugares más privilegiados de la pirámide social: sus aptitudes y capacidades, si se esfuerzan en desarrollarlas adecuadamente, les harán merecedores de tales posiciones y, a cambio, obtendrán el reconocimiento general (que además logren más beneficios económicos o más autoridad serán cuestiones secundarias, desde esta perspectiva). Mérito y esfuerzo serían las claves que explicarían la distribución de los individuos dentro de la jerarquía social. (19)
Esta visión liberal-meritocrática entiende que no existen clases sociales y que la ubicación de los sujetos dentro de la estructura de la sociedad es una cuestión puramente individual: se presupone que existe igualdad de oportunidades y que no hay obstáculos o condicionantes de partida para que cualquiera que lo merezca pueda llegar todo lo lejos que desee.
La otra visión, muy al contrario, entiende que la estructura social es la resultante de la configuración de diversos bloques o estratos, cuyos integrantes están situados objetivamente en una situación homóloga dentro de dicha estructura. Lo que determina la posición de cada estrato puede ser de naturaleza económica (sería la visión afín a los planteamientos marxianos), obedecer a causas que tienen que ver con el poder y la autoridad (la postura más afín con las propuestas weberianas), o bien ser resultado de una combinación de ambos factores. La desigualdad, en cualquier caso, no será una cuestión puramente individual y la «herencia» del individuo será una variable a tener en cuenta; es decir, se acepta que existen condicionantes de partida que determinan, a priori, las posibilidades de los individuos en cuanto a su logro social. (20)
Si no pretendemos afiliarnos a ninguna perspectiva en particular, sino que tratamos de agregar todos los factores relevantes que se deben tomar en consideración respecto a la cuestión de la estratificación social, podemos considerar tres fuentes principales de desigualdad: la económica, la política (que remite al poder y a la autoridad) y la normativa (relativa al reconocimiento y al prestigio). La distinta posición de los grupos y de los individuos dentro de la estructura social dependerá de su relativa capacidad económica, política y normativa, en consecuencia. ¿Podemos afirmar que la discapacidad es una variable que condiciona significativamente la posición de los individuos dentro de la estructura social? Podremos hacerlo si tener una discapacidad conlleva posiciones económicas políticas y normativas estructuralmente afines para quienes la poseen y, también estructuralmente, diferentes respecto de quienes no la poseen.
Patricia Brogna se pregunta: «(¿)por qué la mayor parte de las personas con discapacidad no están escolarizadas en escuelas comunes? ¿por qué pasan años en escuelas especiales o talleres protegidos? ¿por qué no son nuestros compañeros de facultad, de trabajo, por qué no se casan con nuestros hijos?» (Brogna, 2006: 1). Para, más adelante, apuntar hacia dónde se encaminaría una posible respuesta: «Sabemos, gracias a teóricos como Amartya Sen, Manuel Castells, Robert Castel, Rosanvalón, Esping-Andersen y otros, que el concepto de “pobreza” se queda chico para los intrincados procesos de exclusión social a través de los cuales algunos quedan fuera, a priori, de bienes sociales y simbólicos, de capacidades. Sabemos por sus argumentos e investigaciones que existen personas cuyas trayectorias de vida están condenadas de antemano a la segregación, el desempleo, el analfabetismo» (Ibid.: 2-3).
Es obvio que atendiendo al reconocimiento social, según hemos expuesto, las personas con discapacidad están situadas en un escalafón inferior en relación con personas sin discapacidad (son un colectivo que no dispone de talento, según se afirmaría desde la postura liberal-meritocrática). En este aspecto, el condicionamiento es evidente. No lo es tanto, al menos en principio, si atendemos a las otras dos dimensiones, la económica y la política: una persona con discapacidad perteneciente a una familia adinerada y bien situada en la estructura de poder de una sociedad estará adscrito, pese a su discapacidad, al escalafón social de la misma y, consecuentemente, pertenecerá a un grupo social más bien privilegiado. El problema es que esa mera «adscripción» no le hará partícipe de cuantos beneficios disfrutan todos los que comparten su posición de clase. En el mejor de los casos, será receptor pasivo de los beneficios económicos y políticos de su condición de clase, pero no actor protagonista; en el peor de los casos, será excluido de su grupo de pertenencia.
Pese a que dinero y autoridad no parecen ser factores mecánicamente determinantes, lo cierto es que en el tipo de sociedades en el que vivimos las personas con discapacidad están en una situación claramente desventajosa para alcanzar, por su propios medios, posiciones elevadas. Su discapacidad los margina significativamente, tanto del mercado de trabajo como de posiciones de responsabilidad y autoridad. Todavía está por realizar un estudio sobre la estratificación social, desde cualquiera de las perspectivas teóricas desde las que se podría enfocar, en nuestro país que incluyese la variable discapacidad como parámetro; seguramente revelaría que la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran en los escalones más bajos de la estructura social. Un estudio de movilidad social seguramente, a su vez, revelaría una clara tendencia hacia un movimiento descendente en el colectivo de las personas con discapacidad. (21)
A falta de tales estudios especializados, podemos aportar datos significativos de que esa hipótesis es más que plausible. El 9% de la población española en 1999 (22), es decir, algo más de tres millones y medio de personas, posee alguna discapacidad. (23) Si atendemos a las oportunidades educativas, nos encontramos con que sólo el 12% de las personas con discapacidad ha terminado estudios secundarios o superiores mientras que en el resto de la población, es del 30% —es decir, la probabilidad de que las personas con discapacidad tengan este nivel de estudios es un 59% inferior— (Ferreira, Martínez Usero y Díaz Velázquez, 2007). Por lo que se refiere a las oportunidades laborales, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en edad de trabajar es del 32%, mientras que en la población general es del 64,5%, esto es, el doble que la anterior (ibid.). Particularmente, las mujeres con discapacidad presentan cifras aún más bajas de actividad laboral. Además, mientras que el paro de la población general era del 16,6%, en las personas con discapacidad afectaba a nada menos que el 26,1%, cifras significativamente superiores (ibid.). Además, lo más habitual es que su ocupación se lleve a cabo en Centros Especiales de Empleo y no en lugares de trabajo normalizados, lo que da muestras también de la segregación y segmentación laboral de la persona con discapacidad dentro del mercado de trabajo.
En cuanto a las prestaciones económicas para las personas con discapacidad, hay que destacar que muchos de estos subsidios (el 80,8% sobre el total del gasto) corresponden a pensiones contributivas: pensiones de incapacidad permanente del Sistema de la Seguridad Social y del Estado y prestaciones familiares por hijo a cargo minusválido (ibid.). Podemos constatar, por lo tanto, que los beneficiarios de ayudas de este tipo no suelen ser las propias personas con discapacidad sino sus familiares que tienen “a cargo” a una persona “minusválida” que requiere una ayuda precisa para realizar sus actividades de la vida diaria y a la que se le considera totalmente incapaz no sólo de conseguir recursos propios, sino tan siquiera de gestionarlos, ya que es beneficiario indirecto de las prestaciones económicas.
Las personas con discapacidad están supeditadas a la asistencia (pública o voluntaria), dependen de los subsidios y de las ayudas; y están constreñidas a una oferta de empleo, cuando pueden acceder a ella, que no las considera aptas para desempeñar tareas de alta ejecución. La posibilidad de obtener recursos propios, cuando disponen de ella, no implicará, en la inmensa mayoría de los casos, tareas de alta especialización y elevada remuneración. Es una labor por realizar la de llevar a cabo un estudio cuantitativo de la «posición de clase» de las personas con discapacidad, pero a falta de una evidencia estadística definitiva, podemos anticipar sin lugar a dudas que todas las variables relevantes en el estudio de la estratificación social señalarían la posición subordinada y precaria dentro de la estructura social de este colectivo.