Manuel López Doña es profesor de sexología de la Universidad de Cádiz.

Este artículo fue publicado en el Diario de Cádiz el 19 de Enero de 2009

El artículo hace referencia a la pareja con diversidad funcional psíquica a los que la Junta de Andalucía retiró su hijo al poco tiempo de nacer y a los que posteriormente han ubicado en un piso tutelado.

LA CUESTIÓN DE SER MADRE

Autor: Manuel López Doña

SI “madre” viene de mater (hembra que ha parido) y “parir” de parere (expeler en tiempo oportuno la hembra de cualquier especie el feto que tenía concebido) en la lengua española de raíz latina, que aprendimos en la escuela, madre, solo hay una y es aquella que ha parido el feto que concibió, al concluir su tiempo de gestación, momento que le hace compatible con la vida.

Sara es una mujer joven que por azares del destino nació en 1984 en el seno de una familia con capacidades intelectivas limitadas. A pesar de su acreditada minusvalía (leve), nunca la incapacitaron legalmente para decidir sobre los destinos de nuestro país y por tanto su voto, en las elecciones generales, autonómicas o municipales es tan válido como el voto del Rector de la Universidad. Desde el punto de vista biológico, a partir de su menarquía es una mujer fértil sin lugar a dudas y desde hace más de diez años ha tenido la posibilidad y la capacidad de concebir. Dudamos que los poderes públicos hayan ejercido el correcto seguimiento y advertido seriamente a Sara la prohibición de ser madre y de vivir la experiencia a lo largo de su vida.

Hace pocos años, aún estaba en vigor el juramento hipocrático para los médicos, pero años después, los legisladores lo declararon obsoleto. Al galeno que practicaba un aborto se le metía en la cárcel y se le invalidaba el título no pudiendo ejercer la medicina. Hoy, ya sabemos que es lo contrario y hasta se hace la vista gorda cuando no se respetan los supuestos legales, siendo más del 90% los ilegales que a diario se practican en nuestro país y un gran porcentaje de ellos en edades pediátricas.

Es decir, que a Sara no le pusieron ningún tratamiento anticonceptivo apropiado (implantes, DIUs) para garantizar su infertilidad ni se le practicó la esterilización, que si bien nos puede parecer una barbaridad, más barbaridad es la historia que está viviendo cuando le han arrebatado a su hija, por la que tanto luchó desde que repetidas veces le ofertaron abortar los trabajadores sociales responsables de su seguimiento. Se negó a abortar porque sus principios y creencias no podían aceptarlo y continuó su embarazo junto a su pareja, de la que jamás se separó, viviendo de caridades y durmiendo muchas veces a la intemperie en algún pinar de El Puerto de Santa María (la convivencia con la familiar que cobra su pensión no es posible, no vive con ella y no le administra el dinero, se lo queda). Los responsables de nuestra Administración, a sabiendas que se trataba de un embarazo de alto riesgo, no se inmutaron durante los tres últimos meses de su gestación ni les preocupó la vida del menor, tal vez porque en nuestra legislación el menor no es tal hasta 24 horas después de nacer (en China lo es desde el momento de su concepción y cumplen su primer año de vida a los tres meses de nacer). Al igual que se dio una orden judicial a todos los hospitales próximos para estar alerta cuando ingresara para el parto, debieran haber hecho uso de las Fuerzas de Seguridad del Estado para haberla localizado y de los medios sociales para atenderla en lo básico, proporcionándole luz, agua y el apoyo psicológico necesario con las garantías suficientes para evitar el drama que se produjo en la habitación 416 de la maternidad donde estaba hospitalizada, más propio de una película pinochetista.

Estos pensamientos no deben poner en duda la cuestión básica: esa niña a la que sus padres han puesto por nombre Esmeralda y cuyo certificado de nacimiento se le entregó al padre, como es costumbre en las maternidades, para inscribirla en el Registro Civil, que supongo se habrá hecho, no podrá sobrevivir solo con el cariño maternal y darle de comer de la teta cuestión que se ha vendido y publicitado como “el mejor alimento para en bebé” por todos los Servicios Materno-Infantiles del mundo. Los expertos han determinado que el grado de discapacidad psíquica y económica de la pareja no garantiza la supervivencia y el bienestar de quien a duras penas se libró de ser abortada por la propia Administración y hasta ahí estamos de acuerdo, incluso que la priven de su lactancia materna. Pero estos padres no han delinquido y deben ser tratados con el respeto y la consideración que se merecen y si se les considera incapacitados psíquicos, no se puede tolerar que policías y trabajadores sociales hagan salir a todos de la habitación donde estaba hospitalizada para que el empleado público le leyese la orden judicial y se la pasara a la firma, mientras se le administraba sangre por la anemia aguda que padecía. Esta forma debería invalidar el procedimiento (tampoco debería tener Sara capacidad para firmar, debiera haberlo hecho quien cobra su pensión y se la embolsa).

Sara, lo sentimos y sin conocerte, te apoyamos. Si hubieses sido gitana o inmigrante y los tuyos te hubiesen arropado, es posible que nada de esto te hubiese ocurrido, pero no fue posible remediarlo. Esperamos que pronto, cuanto antes, algún juez justo pueda decidir quién te ayudará de la mejor manera para que, sin perder a tu hija, puedas gozar de ser madre al tiempo que garantizar su bienestar y su futura educación. Si es así, seguro que sabrá agradecerte que lucharas por su vida como lo has hecho.

Y a los trabajadores sociales, junto con los profesionales de la salud, les advertiría planificar mejor su sexualidad hasta la menopausia para que no se vuelva a repetir la misma historia.

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