Benigno Varela Autrán es Jurista. Ex Magistrado del Tribunal Supremo.

Patrono de la Fundación Æequitas.

Artículo publicado inicialmente en el número 3 de RIEDDH

LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD por Benigno Varela Autrán

Frente a la vieja consideración de la discapacidad como una especie de barrera que, en todos los ordenes –educativo, laboral, social y jurídico-, separaba a las personas, haciéndolas a unas capaces y a otras incapaces, desde finales del siglo XVII y, sobre todo, a partir del siglo XVIII se inicia un movimiento, tanto intelectual como social y político, que tiende a la igualación de todos los seres humanos. No fueron ajenos al mismo los movimientos revolucionarios que se produjeron tanto en Europa como en América.

Naturalmente, no fue fácil el cambio de mentalidad porque, a ello, se opusieron muchos intereses que se resistían a perder su prevalencia en el seno de la sociedad constituida, pero, aunque lentamente, se fue perfilando lo que hoy es ya un principio inconmovible que no es otro, sino, el de igualdad sustancial de toda persona por el sólo hecho de serlo y en base a la dignidad que le acompaña desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte.

En el campo de la discapacidad –hasta hace relativamente poco tiempo considerada como incapacidad– se hubo de pasar de una consideración puramente médica, tendente al aislamiento y a la rehabilitación, a otra propiamente social y jurídica de carácter integrador que postula la igualdad en la diferenciación y que tiene su plena consolidación en la percepción del hecho de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. En este sentido y como antecedente de la Convención de Derechos de las Personas Discapacitadas de 13 de diciembre de 2006, a la que se contraen estas reflexiones, es obligado mencionar aquí la Declaración Universal de Derechos de Humanos de 10 de diciembre de 1948 y, también, como no, tiene que hacerse referencia al Movimiento Pro -Vida Independiente surgido en la Universidad de California en la década de lo sesenta del pasado siglo XX.

Es curioso percibir como de una adaptación de la persona discapacitada a la sociedad en la que vive se pasa a una obligada integración total de la misma en todo el entorno en el que desarrolla su personalidad, para lo que se exige una adecuación de la propia sociedad y de la normativa legal a las exigencias impuestas por un colectivo de ciudadanos que, a nivel mundial, alcanza al 10% de la población.

Si antes se hablaba, desde una perspectiva puramente médica, de la rehabilitación de la persona discapacitada ahora, por el contrario, esa rehabilitación se reclama de la propia sociedad y de la norma jurídica por la que se rige. Es decir, se exige una interacción entre esa sociedad y las personas discapacitadas tratando de eliminar lo que algún autor, con gran sagacidad, ha denominado la "discapacidad de la intolerancia" que, desgraciadamente, ha venido orientando la actuación de la sociedad hasta el momento presente.

Como fruto final de toda esa evolución producida en la consideración de las personas discapacitadas surge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que fue ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 y constituye, por ende, norma de obligado cumplimiento.

Los principios en los que se sustenta la Convención son, además, del de dignidad inherente a todo ser humano por el mero hecho de serlo, los de autonomía individual, libertad e independencia, no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto a la diferencia en un marco de la igualdad esencial, accesibilidad, igualdad de sexo y de oportunidades y respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad con el derecho a preservar su identidad.

Pero, sin la menor duda, resulta del máximo interés en este breve comentario hacer referencia al artículo 12 de la Convención, en cuanto reconoce a las personas discapacitadas "capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida". Es, con seguridad, la norma que marca un punto de inflexión definitivo, en la consideración jurídica de las personas discapacitadas y que viene a propiciar la plena integración de las mismas en el seno de la sociedad.

Atrás tienen que quedar, por tanto, mecanismos jurídicos hasta ahora existentes que no hacían, sino, aislar, en mayor o menor medida, a las personas discapacitadas del resto de las que forman la sociedad a la que pertenecen. En este sentido, tienen que someterse a revisión, necesariamente, instituciones como la tutela, la curatela y los procesos de incapacitación judicial que habrán de ser sustituidos por mecanismos jurídicos de nuevo cuño.

La persona discapacitada tiene ya la misma capacidad jurídica de quien no lo es y, por consiguiente, no se le puede excluir, sin más, del ámbito del Derecho en cuyo marco ha de poder desenvolverse en la medida en que sus aptitudes psíquicas, sensoriales o físicas se lo permitan. Y es importante resaltar que la discapacidad no es, en modo alguno, uniforme sino que presenta una variedad de gamas y grados cada uno de los que ha de requerir su propia y particularizada atención. Desde esta perspectiva y siempre con el máximo respeto a la autonomía de la persona discapacitada habrá de instrumentarse un sistema de apoyos –que no de suplencias o representaciones– que permitan completar la deficiencia de capacidad plena que se advierta para la realización de cada acto jurídico o de simple desenvolvimiento social.

Esta es la nueva configuración que la existencia de la discapacidad en la persona exige de los ordenamientos jurídicos y de las políticas sociales a desarrollar por los gobiernos del mundo. El hecho diferencial entre las personas es algo que debe entrar dentro de la normalidad y nunca puede erigirse en elemento de discriminación para grupo social alguno.

Los Estados que han suscrito y ratificado los Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006 se hallan en la obligación de adecuar sus respectivos ordenamientos jurídicos a los imperativos de aquella y parece llegada la hora de no demorar por más tiempo esa adecuación que urge ya.

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