Tengo para mí que el paso más radical que no acabamos de dar, cuando discutimos o abordamos el tema de la persona con discapacidad, es el más elemental: que es «una persona más. La segregación se inicia en nuestra primera proyección: la mental. Y acepto que lo podemos hacer incluso con nuestra mejor intención: cómo atenderles mejor, cómo cuidarles, como programar y gestionarles los apoyos. Y hasta llegamos a convencernos de que las personas con discapacidad son parte de nuestra sociedad, sin caer en la cuenta de que no es que sean «parte de nuestra sociedad» sino que «son sociedad», «conforman la sociedad en que vivimos.

No pretendo minimizar el enorme recorrido y esfuerzo que la sociedad occidental -por referirme a la que conozco- ha realizado por acoger el fenómeno de la discapacidad en su seno y por asumirlo y tenerlo en cuenta. Pero a fuerza de considerarla como algo especial, algo anómalo y patológico, la hemos tapiado por así decir. En un lado estamos nosotros, y en el otro están ellos. Que necesitan -y se lo proporcionamos, eso sí- accesos especiales, lenguajes especiales, educación especial, atenciones especiales, cuidados especiales. Nosotros somos los «típicos», por traducir burdamente la jerga más moderna que la lengua inglesa utiliza ahora para evitar el adjetivo «normales» que antes se empleaba. Si somos «nosotros» los típicos, «ellos» serán lo que ustedes prefieran: el epíteto me da igual, porque no voy a entrar en la hipocresía de cambiar la constitución española para decidir si son galgos o podencos, cuando ya se ha colado la liebre de que sea esa misma sociedad la que ha conseguido de sus legisladores que le permitan decidir si «ellos» tienen derecho a la vida.

Les creamos un espacio a «ellos». Y evitamos así que el espacio sea común. No me refiero al espacio físico -que, a veces, también-; me refiero a un espacio mucho más íntimo, mucho más poderos porque es origen de todos los espacios que después imaginamos: es el espacio mental. Fíjense, cuando a mis hijos les tenía que decir «NO», inmediatamente me sentía obligado a justificarlo. Cuando a mis hijas les decía «NO», no sentía esa obligación. ¿Si lo estaba haciendo por su bien! Y ya no había que hablar más. Como son especiales, yo era el máximo responsable de su protección. No tenían opción, mentalmente yo las metía en su espacio, diferenciado y distinto.

La transformación radical de nuestro pensamiento y de nuestro enfoque hacia la persona con discapacidad -del tipo que sea- hunde sus raíces en la dimensión ética. Y esta dimensión ética arranca del moderno pensamiento de la justicia: la reivindicación de la igualdad. No resalta la diferencia sino la igualdad, porque es más lo que nos une que lo que nos diferencia. En efecto, cualquier planteamiento ético que hagamos en relación con la discapacidad de las personas debe partir de un principio fundamental que está en el origen: toda persona con discapacidad es un sujeto de dignidad.

Puede que a alguien esta afirmación le parezca una perogrullada. La realidad es muy distinta, porque este reconocimiento de que sean sujetos de dignidad en el sentido pleno del término (y oficialmente, porque eficazmente ya es otra cuestión) se remonta no más allá de la década de los sesenta del siglo pasado: escasos cincuenta años. La historia de las personas con discapacidad, especialmente la intelectual, al menos cuando era marcada, es la historia de los seres a los que se les ha negado su condición de sujetos de dignidad, de personas. Han sido reprimidas, excluidas e incluso eliminadas si se las percibía como mera carga o como amenaza.

Oigamos por un momento lo que ellas mismas nos dicen: «Aunque seamos personas con discapacidad, como personas somos iguales y la sociedad debe reconocer coherentemente lo que enfáticamente proclama. Si tal como funciona resulta que se nos ve como anormales, no es porque lo seamos -hemos quedado en que somos iguales ¿no?- sino porque la sociedad está actuando de forma inadecuada. Es decir, no es que nosotros no nos adaptemos a la sociedad, es la sociedad la que no se adapta a acoger en igualdad a todos sus miembros». Y continúan: «Concretamente, si lo más básico de esa igualdad es que tengamos condiciones dignas de existencia desde las que podamos desarrollarnos como personas autónomas, es de justicia que la sociedad se organice de tal modo que todas las personas podamos acceder a dichas condiciones. Si resulta que en el punto de partida en el que estamos hay una clara desigualdad de realidades de existencia y de oportunidades, la sociedad deberá prestar una atención específica a los desfavorecidos para igualarles en circunstancias de realización». Como muy bien ha señalado X. Echeverría recientemente, es así como surge la necesaria discriminación o acción positiva, que desde la garantía del Estado se extiende a actuaciones concretas por parte de las instituciones públicas y privadas.

Esta igualdad no está reñida con el reconocimiento de las diferencias reales, de las carencias y limitaciones que poseen. Ni con el esfuerzo por conseguir que aprendan e incorporen los valores y patrones universales de una sociedad integrada. Por el contrario, no sólo no las ignoramos sino que las hemos de tener muy presentes para elaborar los apoyos que van a hacer posible alcanzar ese régimen de igualdad real. Pero teniendo en cuenta que lo que tiene dignidad no puede ser instrumentalizado o ser utilizado como puro medio. Porque los seres humanos construimos nuestra identidad no sólo a través de la comprensión de nosotros mismos sino de la comprensión que recibimos de los otros, tanto la personal como la colectiva.