COMENTARIOS AL INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

Esta exposición trata de proponer una reflexión sobre algunos aspectos poco comentados, pero que considero fundamentales para el futuro desarrollo de la normativa que la regule.

Comenzaremos por distinguir conceptos que pueden dar lugar a equívocos, así distinguiremos la capacidad jurídica de la capacidad de obrar, ya que ésta última está unida a la responsabilidad civil y penal del individuo.

Para determinar el grado de responsabilidad de un individuo en su actuar, deberemos conocer previamente si está o no capacitado para asumir dicha responsabilidad.

Podemos afirmar, de forma general, que para ser plenamente responsable se necesita ser mayor de edad y no estar incapacitado judicialmente.

La capacidad de obrar va ampliándose a medida que el individuo se va acercando a la mayoría de edad. También la capacidad de obrar puede ser objeto de limitaciones aún teniendo la mayoría de edad, este tipo de limitaciones son las que establece la Ley y el grado de la limitación lo establece el Juez.

Capacidad jurídica: La capacidad Jurídica es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona por el mero hecho de serio, posee capacidad jurídica.

En este sentido el Código Civil en sus artículos 29 y 30 determina qué requisitos son necesarios para ser persona y tener capacidad jurídica.

Artículo 29. "El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que les sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el articulo siguiente".

Articulo 30. Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.

Capacidad de obrar: Es la capacidad para adquirir, ejercitar derechos y asumir obligaciones. Es decir, la capacidad de la persona para actuar en cualquier ámbito social asumiendo la responsabilidad de su actuación.

Para tener capacidad de obrar plena, el individuo debe cumplir Con los requisitos que la ley ha establecido, y que fundamentalmente son: ser mayor de edad y no estar incapacitado judicialmente.

Pues bien, hechas estas aclaraciones, es fácil entender que todas aquellas personas a las cuales se las incapacita legalmente, pierden automáticamente su capacidad de obrar , según la legislación vigente, con todo lo que ello conlleva; no poder votar, no poder trabajar, no poder, en definitiva, ejercitar ningún derecho.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la consideración de incapaz que se hace en nuestra legislación

Código Penal. Artículo 25.

A los efectos de este Código se considera incapaz a toda aquella persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma.

Código Civil. Artículo 200

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Vistas así las cosas, se puede entender que cualquier persona con Diversidad Funcional es susceptible de ser incapacitado, o peor todavía, de ser considerado como incapaz sin estar incapacitado judicialmente.

Si además tenemos en cuenta la proliferación de las Fundaciones Tutelares, que para justificar su existencia y su buena gestión, se dedican a incapacitar indiscriminadamente a todos cuantos se ponen a su alcance, con la excusa de que es lo mejor para la persona y para la familia, entenderemos que resulta difícil hacer compatible la interpretación de un documento que habla de derechos, cuando la propia legislación española, a través del Código Civil y del Penal, niega los mismos a todas aquellas personas con enfermedades o deficiencias persistentes que no puedan gobernarse por sí mismas.

Si no conseguimos modificar los términos legales de la incapacitación y separar la capacidad de obrar de las limitaciones derivadas de la Diversidad Funcional, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano.

NO SE PUEDE HABLAR DE INCLUSIÓN PARA AQUELLAS PERSONAS A LAS QUE PREVIAMENTE SE LAS HA EXCLUÍDO DE LA SOCIEDAD.

Analizando el contenido del documento, podemos encontrar argumentos que nos podrían servir para iniciar la batalla para que todos los derechos que aquí se propugnan sean REALES Y EFECTIVOS DE VERDAD.

Artículo 2. Párrafo segundo.

Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.

Artículo 4

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

Artículo 12.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 19

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

Artículo 27

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación.

Artículo 29

Participación en la vida política y pública Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.

José Ignacio Sánchez García 20/5/09

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