Jesús Lopez Medel











Jesús López Medel

Abogado del Estado Jefe en la AECID. Miembro del Patronato de la fundación Aequitas. Ex Vicepresidente de la Comisión de políticas integrales para las personas con discapacidad del Congreso.

Fuente: Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos (RIEDDH)

EL ENFOQUE COMO DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD

En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal serían suficientes para proteger a todos pero en la práctica, ciertos grupos les ha sido mucho más difícil que a otros. Por ello, hay que buscar instrumentos jurídicos universales y vinculantes

El derecho es usualmente expresión de la orientación dinámica de la sociedad. A veces, esta va por delante y en otros casos es el legislador el que hace que las normas jurídicas sirvan de impulso social. A veces las necesidades son propias de una región o continente y en otros casos afecta a toda la humanidad.

Naciones Unidas aprobó en 1958 la Decla­ración de Derechos Humanos que es la guía de referencia y exigencia de los poderes públicos en todo el mundo. Y también de ciudadanos y grupos sociales que con su actitud crítica reivindican el respeto y exigencia de todos los derechos y libertades tanto indivi­duales como colectivos.

Sin duda, todos los que se recogen en ese texto son muy importantes pero cada vez van adquiriendo mayor relieve aquellos que se refieren a colectivos sociales especialmente necesitados de más atención. Esto es, grupos y realidades que por sus circuns­tancias son más vulnerables y requieren una protección más efectiva, más activa y más integral.

Dentro de estos grupos, cada vez se ha ido adquiriendo más conciencia de uno muy nu­meroso a nivel mundial y en todos los países y que se encuentran siempre en situaciones de discriminación respecto otros sectores de la población. Me refiero a las personas discapacitadas, o dicho en términos más amplios, personas en situación de dependencia.

En todos los lugares del mundo, ellos, durante siglos, no podían salir a la calle, con un urbanismo y vialidad hostil para sus desplazamientos, con una arquitectura nada pensada en ellos que les encerraba, en sus viviendas, con un sistema productivo y laboral en el cual tienen difícil encaje y con una mentalidad social llena de barreras, fracasos y prejuicios. Ello les impide integrarse debidamente y en igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad.

En un mundo perfecto, los derechos enu­merados en la Declaración Universal serían suficientes para proteger a todos pero en la práctica, ciertos grupos, y sean ejemplos otros como mujeres, niños, etc, les ha sido mucho más difícil que a otros. Por ello, hay que buscar instrumentos jurídicos universa­les y vinculantes.

Durante los últimos años hay una toma pro­gresiva de conciencia por algunos Estados (no la mayoría) para diseñar los instrumentos jurídicos adecuados para el tratamiento social y jurídico que sea equitativo, igualitario y justo de estas personas. Pero muchos otros, la gran mayoría de los Estados, no lo han hecho.

Debido a las prácticas discriminatorias, las personas con discapacidad han tendido durante muchos años a vivir al margen de la sociedad, sin que sus derechos como perso­nas se tomasen en consideración.

Se necesitaba, sin duda, una norma jurídicamente vinculante y universal para asegurar que los derechos de estas personas con discapacidad se garanticen en todo el mundo, forzando a los Estados más perezosos en activar mecanismos jurídicos y aprovechando las sinergias y experiencias de otros países que llevan ya un tiempo trabajando sobre ello.

Algunos países ya habían promulgado una detallada legislación a este respecto pero muchos no lo habían hecho. Era muy necesaria la elaboración de una norma jurídicamente vinculante para asegurar que los derechos de estas personas estén garantizados y sean exigibles en todo el mundo.

La globalización refleja elementos negativos como fallas que se extienden sobre el planeta, pero también ofrece oportunidades para dar respuestas colectivas a problemas co­munes en todas partes del mundo.

Ejemplo de estos efectos beneficioso es la elaboración de esa Convención que, por fin, es una realidad a la cual se han ido incorporando (y, por tanto, asumiendo sus respon­sabilidades) numerosos países. En España, siendo un Tratado internacional es directamente aplicable y sirve también como criterio interpretativo en materia de derechos.

Junto al trabajo de técnicos especializa­dos, ha sido fundamental la existencia de un movimiento asociativo comprometido y reivindicativo que desde la experiencia han ido demandando a los poderes públicos, no solo a nivel nacional sino también uni­versal, instrumentos jurídicos más avanza­dos y eficaces.

La Convención es ciertamente un paso im­portante para cambiar la percepción sobre la discapacidad que todavía tienen ciertos sectores. También para asegurar que las sociedades reconozcan la oportunidad de estas personas de vivir con la mayor plenitud. Además, en lugar de poner el acento en las limitaciones, podemos hacerlo en las potencialidades que tienen estas personas, mu­chas veces, sin descubrir y desarrollar.

El propósito de la Convención es promo­ver, proteger y garantizar el disfrute pleno e igualitario, desde el reconocimiento a la diversidad, de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Y cuando hablamos de derechos humanos, el núcleo, la raíz de ellos es siempre la DIG­NIDAD de la persona y esto requiere que no se desenfoque el centro de gravedad. Este no puede ser, en modo alguno, el sistema protector (por beneficioso que sea), sean ni tampoco, las normas o la organización política o administrativa o las políticas públicas sino el sujeto, la persona individualmente considerada. Esta, no se nos olvide nunca, siempre tiene que ser nuestro pensamiento cuando estamos tratando de ello. Como en otras esferas de la vida, la individualidad de la persona discapacitada, no puede quedar orillada u oculta en el magma, a veces despersonalizado, de la colectividad.

La Convención marca un cambio en el con­cepto de discapacidad, no solo por el nuevo enfoque en las potencialidades sobre los aspectos negativos. Además se parte de la idea de que las barreras mentales y los prejuicios constituyen por sí misma una limitación o discapacidad que es preciso superar si que­remos progresar.

Debe, por otra parte, advertirse que esta Convención, aun siendo novedosa, no crea verdaderamente ningún derecho nuevo. Lo que hace es concretar los derechos ya existentes, en modo tal que atiende a las nece­sidades y la situación de estas personas, en ámbitos tan elementales como la accesibi­lidad, la libertad de movimientos, la salud, la educación, el empleo, la rehabilitación, a participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación.

La Convención reconoce que la discapa­cidad es un concepto que evoluciona y es resultado de la interacción de la deficiencia de una persona y los obstáculos como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación real y efectiva e la sociedad.

Los Estados que la han suscrito asumen la obligación de introducir medidas destinadas a promocionar los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación al tiempo de promover servicios, bienes e infraestructuras accesibles para estas personas.

Pero el principal valor desde los poderes públicos es realizar una labor para que sea la propia sociedad en general la que en sus costumbres, exigencias, responsabilidades contribuya de manera decisiva a conseguir los fines propuestos. En nuestro texto constitucional el preámbulo utiliza una expresión afortunada cuando de "sociedad democrática avanzada" se habla.

Suscribir la Convención y desarrollarla es, ante todo, un compromiso para los países que a través tanto de las instancias públicas como privadas van a tener que involucrarse mucho más en políticas activas de promoción de estas personas, suprimiendo no solo obstáculos sino también potenciando una mejor utilización de las capacidades y potencialidades que toda persona, también estas, tienen.

Ello debe hacerse no ya desde un plano pu­ramente asistencial del Estado sino a través de garantías efectivas que tienen que estar recogidas en las leyes y que se configuran no como servicios que el Estado presta caritativa o políticamente sino como algo que tiene la consideración de derechos humanos y que se traduce en la exigibilidad y reconocimiento del derecho de crítica y real tutela judicial independientes de los poderes públicos, si fuese preciso, para conseguirlos.

Y la exigibilidad supone algo más: en esta materia tenemos que estar presididos por el inconformismo y la permanente reivindicación.

Hay, sin duda, un importante papel de revisión normativa (solo en parte realizado mediante la Ley 26/2011, de 1 de Agosto pues sigue pendiente el Código Civil) y de plas­mación siempre de cualquier conquista en una norma. En otro caso, su papel quedaría como algo dadivoso o generoso por el Esta­do y esto, claramente, no es lo que promueve la Convención.

Pero también junto con esa fundamental dimensión normativa, también está la refe­rida a las costumbres o prácticas sean sociales, burocráticas o cualquiera que significan inercias nada favorecedoras de la configuración de los derechos de estas personas como auténticos derechos humanos.

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