El Proyecto de Ley de Seguridad Social, que regulará las pensiones contributivas, está suscitando mucha polémica en el sector social de las personas con discapacidad. El borrador que ha presentado el Gobierno incluye reducciones importantes en las partidas destinadas a la circunstancia de invalidez. José María Ballesteros como representante del CERMI detalla los porqués de su rechazo a un proyecto de ley que, en su opinión, supone un recorte de derechos

Entrevista publicada en el boletín de CERMI (página 23.-Julio/Agosto 2007)

EN LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÍAN DISMINUIR LAS PENSIONES DE INVALIDEZ HASTA EN UN 28 POR CIENTO

JOSE MARÍA BALLESTEROS¿En qué momento se encuentra la nueva Ley de Seguridad Social?

Se trata de un Proyecto de Ley en trámite en el Congreso de los Diputados. Por lo que hemos podido comprobar si esta ley sigue adelante, tal y como está planteada, modificará el acceso a las pensiones de invalidez y eso es algo que afecta de forma importante a las personas con discapacidad sobre todo a los físicos o las personas que se incorporan a un puesto de trabajo con una discapacidad ya importante y que con el paso del tiempo se va agravando.

¿De qué manera puede perjudicar a las personas con discapacidad?

Hasta este momento,la manera de calcular la pensión se hacía tomando como base los últimos años cotizados,que resultaban ser, además, los más favorables económicamente para el beneficiario. Sin embargo, lo que proponen ahora es que se calcule el total de los años cotizados y se tomen para extraer la cuantía de la pensión un cuarto de la parte más favorable y otro cuarto de la época menos beneficiosa económicamente. Esto, según algunos supuestos que yo me he planteado, disminuiría la pensión en aproximadamente un 28 por ciento de media.

¿A quién perjudicaría, principalmente, esta modificación?

Pues sinceramente,nos puede afectar a todos porque se aplica tanto en el caso de una persona con discapacidad que llega al estado de invalidez como a cualquier trabajador que tiene un accidente grave o se le presenta una enfermedad importante y no puede seguir trabajando. Hay que recordar al respecto que nuestro país está a la cabeza de los índices de siniestralidad laboral en Europa y, por eso, muchas personas se pueden ver perjudicados por la reforma propuesta. Es evidente que las personas con discapacidad física grave tienen más posibilidades de llegar a la invalidez, pero hay que destacar que no son las únicas.

¿Cuál es la posición del movimiento asociativo ante esta realidad?

Desde el CERMI no entendemos esta posición del Gobierno, sobre todo porque entendemos que la Seguridad Social vive un momento de bonanza, poniendo en la hucha central unos 4.000 millones de eurosanuales que tenemos de excedente. Cuando el resto de las pensiones están subiendo de manera importante, cosa que nosotros agradecemos porque las personas mayores lo necesitaban, pero nosotros,en cambio, vemos que las personas que se tuvieran que incorporar a recibir una pensión verían un recorte del 28 por ciento de media, que decíamos antes.

¿Qué acciones ha emprendido el movimiento asociativo para que este Proyecto de Ley tome otro rumbo?

Pensamos que esto es inadmisible y, de hecho, estamos batallando duramente con todos los grupos parlamentarios para que apoyen el rechazo a esta reforma.A día de hoy,tenemos el respaldo prácticamente de todas las fuerzas políticas del congreso, del Partido Popular, Convergencia y Unió e Izquierda Unida.De todas formas,esperamos que el Gobierno rectifique y entienda nuestras reivindicaciones, ya que no tiene sentido que estemos animando y haciendo tantos esfuerzos para incorporar al mundo del trabajo a tantas personas con discapacidad y no se nos recompense el esfuerzo. Es importante tener en cuenta que si las personas con discapacidad no nos hubiéramos incorporado al mercado laboral,habríamos sido una carga pesada para los Presupuestos Generales del estado porque tendríamos que percibir pensiones no contributivas. La herramienta que tenemos a nuestro alcance es la de convencer a las fuerzas políticas porque así,el Gobierno estaría sólo y no podría sacar adelante esta medida.Confiamos,no obstante, en el consenso y en el entendimiento de las opciones más justas,porque,en este momento tan favorable, este Gobierno progresista y de izquierdas no debe recortar las prestaciones para las personas con discapacidad.

¿Dónde cree que radica el problema?

Considero que es el mismo de siempre. Los agentes sociales como UGT,Comisiones Obreras y la propia CEOE,le han dado el visto bueno a la reforma, que no entienden absolutamente nada de discapacidad, y cada vez que intervienen en temas que nos afectan lo único que hacen es perjudicarnos y agravar nuestra situación de desventaja.

Yo les aconsejaría que hablaran con nosotros antes de aceptar propuestas de este tipo porque cuando se nos tiene en cuenta participamos de forma muy satisfactoria como en la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Existen ciertas materias que nos afectan directamente,para las que sí se nos tienen en cuenta, pero en aquéllas que los agentes sociales consideran como territorio exclusivo no tenemos opción de opinar. Hay temas que aunque sean laborales o de pensiones,como sucede ahora, quien mejor sabe defender los planteamientos somos las personas afectadas y es el CERMI el que se debería ocupar de esto.

¿Qué mensaje enviaría a los parlamentarios y agentes sociales para que apoyaran su postura?

Hay muchas personas que han hecho importantes esfuerzos, jugándose su salud, durante quince,veinte y más años y que ahora vean recortados sus derechos, cuando sus condiciones físicas han empeorado, es injusto. Por lo tanto, confiamos en que el Gobierno rectifique, se sume a las reivindicaciones del CERMI y acepte las propuestas como lo han hecho el resto de fuerzas políticas.

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