Óscar Moral Ortega es
Asesor jurídico de PREDIF y el presente artículo fue publicado en el núm. 66 de la revista PLATAFORMA

HERRAMIENTAS FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN
Autor: Óscar Moral Ortega

Los ciudadanos con discapacidad en este país son cada vez más conscientes y perciben con mayor claridad las situaciones de discriminación. Esta aseveración que realizo no es gratuita, sino que es la percepción sentida a través de las consultas que se reciben en la asesoría jurídica de PREDIF.

La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal para las Personas con Discapacidad supuso un impulso interesante, que todavía no hemos valorado en su justa medida, quizás debido a que en un corto espacio de tiempo fue aprobada otra norma de enorme envergadura que está eclipsando al resto. Evidentemente, como el lector iniciado habrá deducido, se trata de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

En esa misma línea, a finales de marzo, entró en vigor la Ley de Infracciones y Sanciones, norma fundamental desde mi punto de vista para un cumplimiento efectivo de la LIONDAU.

Es imprescindible que todos utilicemos esta nueva herramienta ya en funcionamiento, aunque tan sólo por el momento aplicable a aquellas conductas que se proyecten en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. En estas denuncias su iniciación y tramitación corresponde al actual Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Dos actuaciones son imprescindibles en relación a este asunto. La primera, que la Administración central difunda esta posibilidad entre los ciudadanos con medios suficientes para que pueda ser utilizada con garantías.

Y, por otra parte, que las comunidades autónomas desarrollen sus propias normas de infracciones y sanciones para que aquellas conductas discriminatorias que se produzcan en su ámbito territorial puedan ser sancionadas si procede. Además, existe un recurso, también contemplado en la LIONDAU y desarrollado normativamente, pero que aún no se encuentra en funcionamiento: el sistema arbitral.

Se deben constituir la Junta Arbitral Central de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de ámbito estatal, que deberá estar adscrita al Ministerio Educación, Política Social y Deporte, y las juntas arbitrales de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal por cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Las organizaciones también tenemos la responsabilidad de que todas esas herramientas de lucha contra la discriminación, en la medida de nuestras posibilidades, se utilicen por las personas con discapacidad y consigamos una eficacia contrastada.

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