Cristina Fernández es la autora de este artículo, igualmente extraido de la revista SER CAPAZ (núm. 33 del año 2008), editada por COCEMFE ASTURIAS.

Nueva Regulación de las Prestaciones de Incapacidad temporal y de Incapacidad Permanente (Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de seguridad social.- Publicada en el boe Núm. 291, de 5 de diciembre).

En el caso de que el trabajador fuese calificado de gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia que se incrementará con un complemento que será equivalente al resultado de sumar el 45 por ciento de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 por ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente.

En lo que respecta a la situación de incapacidad temporal si ésta se extingue por el transcurso del plazo de dieciocho meses, en el plazo máximo de tres meses se examinará el estado del incapacitado a los efectos de su calificación en el grado de incapacidad permanente que corresponda.

Si existe la expectativa de recuperación o mejora del estado de la persona y se aconseja por tanto la necesidad de tratamiento médico con vistas a su reincorporación laboral, se podrá demorar la calificación más allá de los dieciocho meses y durante el periodo preciso, sin que en ningún caso pueda rebasar los veinticuatro meses siguientes a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad temporal. Durante este período no subsistirá la obligación de cotizar.

El tiempo en el que se esté percibiendo la cantidad correspondiente a la incapacidad temporal no supondrá consumir el periodo de prestación por desempleo.

En el caso de que el trabajador fuese calificado de gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia que se incrementará con un complemento que será equivalente al resultado de sumar el 45 por ciento de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 por ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. Este complemento estará destinado a la remuneración de la persona que atienda al calificado como gran inválido. En ningún caso el complemento señalado podrá tener un importe inferior al 45 por ciento de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador.

Se establece asimismo un procedimiento nuevo de disconformidad con el alta médica. Frente a la resolución recaída podrá el interesado manifestar su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud en el plazo máximo de cuatro días naturales. Si la inspección médica discrepa del criterio de la entidad gestora, tendrá la facultad de proponer la reconsideración de aquella en el plazo máximo de siete días naturales (deberá especificar las razones y fundamentos por los que discrepa).

Posteriormente la entidad gestora se pronunciará expresamente en el transcurso de los siete días naturales siguientes y notificará la resolución al interesado así como a la inspección médica. Si en la mentada resolución se reconsiderara el alta médica se reconocerá al interesado la prórroga de su situación de incapacidad temporal a todos los efectos. Si la entidad gestora se reafirmara en el alta médica (aportando las pruebas que la fundamenten), sólo se prorrogará la situación de incapacidad temporal hasta la fecha de la última resolución.

Si la inspección médica confirmara la decisión de la entidad gestora o si en el plazo de los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución no se pronunciara, el alta médica tendrá plenos efectos (el tiempo que transcurra desde el alta médica hasta que adquiera plenos efectos se considerará como de incapacidad temporal).

Se modifica la base del cálculo de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común. Así la base reguladora se determinará hallando el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante (las bases de cotización correspondientes a los veinticuatro meses anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante se computarán en su valor nominal y las restantes se actualizarán en función de la evolución del índice de precios al consumo desde los meses a que corresponda cada una hasta el mes inmediato anterior a las bases de los veinticuatro meses anteriores). Con esta modificación se trata de aproximar la forma de cálculo de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común a la de jubilación.

Por último a los efectos de la Ley General de la Seguridad Social se asimilan a las personas afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65% a las personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.

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