Sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Valencia, por la que reconoce la situación de gran invalidez a un reclamante, con derecho a percibir de forma autónoma y sin vincularla a otro grado de incapacidad permanente, una pensión mensual correspondiente al 50% de la base reguladora.

Sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Valencia

COLABORACIÓN DE VICENTE VALERO que acompaña la sentencia con éste escrito aclaratorio.

Adjunto remito archivo con sentencia de la Sala del TSJCV Por la extraordinaria importancia que tiene, ratifica una Sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Valencia, por la que reconoce la situación de gran invalidez a un reclamante, con derecho a percibir de forma autónoma y sin vincularla a otro grado de incapacidad permanente, una pensión mensual correspondiente al 50% de la base reguladora.

La citada sentencia es innovadora en la protección social de las personas con minusvalías funcionales, que requieren la asistencia de tercera persona para los actos fundamentales de la existencia, y que no obstante dicha situación, realizan una actividad laboral de carácter no residual.

Entiendo que esta sentencia se ajusta perfectamente a la letra y al espíritu de la Ley 13/82, de Integración Social de los Minusválidos, por cuanto reconoce la compatibilidad del trabajo con la percepción de la pensión autónoma de Gran Invalidez, reconociendo el derecho a la misma, con independencia de que se perciba o no pensión por incapacidad permanente total o absoluta.

Es un paso importante en el camino hacía la plena integración social y laboral de las personas que adquirimos un estado de gran dependencia, pero que por los avances tecnológicos y por la especialización del trabajo podemos desarrollar actividades laborales normales y habituales en cualquier empresa, con simples medidas de accesibilidad a los puestos de trabajo. La dependencia física no debe ser causa de exclusión laboral, y muchas personas con limitaciones funcionales importantes, podemos acceder a puestos de trabajo en condiciones de competitividad, sin que ello suponga la retirada de la protección social que exige nuestra situación de necesidad de ayuda de tercera persona. La sociedad no puede prescindir de nuestra actividad laboral potencial.

Entiendo que el acceso a un puesto de trabajo de una persona con gran dependencia, constituye un derecho, pero no una obligación. Ni puede exigirse que todas las personas dependientes, por razón de accidente o enfermedad, trabajen; ni tampoco, la posible integración laboral de una persona en situación de Gran Invalidez, le puede privar de su derecho a la pensión establecida para sufragar los gastos de la necesaria ayuda de tercera persona.

Sinceramente creo que es una de las sentencias mas importantes relacionadas con el desarrollo de la LISMI desde que el Tribunal Supremo se cargo el decreto que establecía los subsidios de la LISMI en la parte que los condicionaba a los ingresos de la unidad familiar del minusválido en lugar de hacerlo a los ingresos personales, tal como establecía la ley.

Si alguien quiere mas información sobre el procedimiento que me haga llegar un correo pidiéndome lo que necesite.

Un saludo


Recurso contra Sentencia núm. 852/2.001

En Valencia, a veintinueve de julio de dos mil dos. Ilmo. Sr. o. BIas Utrillas Serrano.-Presidente Ilmo. Sr. O. Leopoldo Carbonell Suñer Ilmo. Sr. O. Antonio Martínez Zamora

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA N° 4.625 de 2.002

En el Recurso de Suplicación núm. 852/2.001, interpuesto contra la sentencia de fecha 3 de enero de 2.001, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Valencia, en los autos núm. 314/00, seguidos sobre Invalidez, a instancia de don “Alonso Quijano”, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y en los que es recurrente el demandado antes mencionado, habiendo actuado como Ponente ella limo. Sr. o. Leopoldo Carbonell Suñer.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 3 de enero de 2.001dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Que estimando la demanda, debo declarar y declaro que don “Alonso Quijano”, se halla en situación de gran invalidez, reconociendo al mismo el derecho a percibir una prestación económica mensual correspondiente al 50% de la base reguladora de 1??.510 ptas., con efectos del 29-4-99. Condenando al INSS a que, estando y pasando por esta declaración, le abone dicha prestación. ".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "Que el actor don “Alonso Quijano”, nacido el día ‘??- ¿-¿?, afiliado al Régimen General de la SS con el n° 0000000, de profesión habitual administrativo de la Consellería de Sanitat de la G.V. desde 1987, formuló el 22-12-99 solicitud de reconocimiento de gran invalidez, con derecho al percibo de la pensión correspondiente al 50% de su base reguladora, fundado en la necesidad de auxilio de tercera persona, y compatibilidad de dicha prestación con el ejercicio de su profesión habitual que viene desarrollando. Dicha solicitud le fue denegada por resolución de 29-4-99, contra la cual interpuso el 15-6-99 reclamación previa que fue desestimada por resolución de 27-7-99. La base reguladora mensual de la prestación postulada es de 1??.510 ptas. La fecha de efectos económicos de 29-4-99. SEGUNDO.- Que el actor se halla afecto de una miopatía congénita multicore, que ha evolucionado con un síndrome de raquis rígido, debilidad y atrofia muscular que afecta sobre todo a los músculos de la cintura escapular. El actor se mantuvo funcionalmente estable, siendo autosuficiente hasta 1994 en que sufrió un proceso infeccioso respiratorio complicado que requirió traqueotomía, ingreso en UCI. Tras la resolución del cuadro después de una larga hospitalización el actor continúa con el traqueotomía, presenta insuficiencia respiratoria crónica que requiere ventilación mecánica nocturna. La debilidad muscular que sufre ha progresado de forma ostensible en los últimos años. El actor precisa la utilización de una silla de ruedas con apoyo de la cabeza de forma permanente y ventilación mecánica nocturna."

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada Instituto Nacional de la Seguridad Social siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Frente a la sentencia que estimando la demanda declara que el actor se halla en situación de Invalidez, reconociéndole el derecho al percibo de la prestación económica mensual correspondiente al 50% de la base reguladora de 1??.510 Ptas. con efectos del 22-12-99 (como consecuencia del Auto de 15-1-2001 aclaración de la sentencia) condenando al I.N.S.S. a estar y pasar por tal declaración y al abono de toda prestación. Se formula por el I.N.S.S. el presente recurso de suplicación que es impugnado por la parte actora, recurso en el que sin instar revisión fáctica de los hechos que son declarados probados, su único motivo es denunciar el derecho aplicado en la sentencia, bajo el amparo del artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral por entender infringido el artículo 136.1° en relación con los artículos 137.1° y 6° y 139-3 y 4 párrafo 1 en relación con el Art. 140 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94. Tras larga exposición al efecto entiende en síntesis la recurrente que no cabe reconocer una situación de Gran Invalidez sobre la declaración previa de una Incapacidad permanente, pues la Ley 13/82 de 7 de abril modificó el artículo 135.6° de la Ley General de la Seguridad Social de 30-5-74 en su Disposición final solo en el sentido de que el reconocimiento de Gran Invalidez no precisa que se parta e un previo reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta pero ello no supone que la Gran Invalidez deje de ser un grado de incapacidad laboral para pasar a situación de impedimento para las funciones esenciales de la vida, pues se mantiene su carácter inhabilitante para el ejercicio del trabajo. Denuncia que no puede prosperar. Centrada la cuestión litigiosa en determinar si el actor, sin declaración previa a que se le reconozca una situación de Gran Invalidez con derecho a percibir exclusivamente el 50% de la base reguladora 190.510 Ptas. fundado en la necesidad de auxilio de tercera persona, la cuestión jurídica gira en torno a la naturaleza jurídica de la prestación solicitada o en otros términos sin discutir que la Gran Invalidez es un grado de incapacidad permanente tal como se reconoce en el artículo 137.1° de la Ley General de la Seguridad Social, se trata de una prestación de carácter asistencial con finalidad propia y especifica cual es el que la persona en la mencionada situación no pueda remunerar a otra persona para que la atienda, tratándose de una nueva calificación adicional a los efectos de percibir la prestación económica correspondiente a dicha situación. Ya tal respecto coincidiendo con la sentencia que se impugna, hemos de llegar a la conclusión de la autonomía operativa prestacional del citado grado de Gran Invalidez a partir de la Ley 13/82, antes citada, tal situación de independencia y autonomía de la Gran Invalidez, respecto a los restantes grados de incapacidad permanente pues la Disposición final Quinta de la citada ley establece, categóricamente que la Gran Invalidez no implica necesariamente la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, señalando la doctrina de los Tribunales que "la simple constatación en cualquier momento de la necesidad de asistencia de una tercera persona, permite su reconocimiento sin exigencia de la constatación previa de la agravación" (STSJ de Cataluña de 29 de diciembre de 1993 A 5328 y STSJ de Barcelona de 3 de abril de 1992 A 1789). En idéntico sentido la Sentencia del TS de 20 de julio de 1996 en que se basa el juez a quo que confirma que se trata del reconocimiento de un derecho con autonomía propia. De ahí que su fundamento no es otro que el de una situación de Incapacidad Permanente que se cualifica por la necesidad de la ayuda de tercera persona, lo que la convierte en un grado autónomo en todo caso adicional a otro posible grado de incapacidad según la autonomía laboral residual que sea capaz de acreditar la persona afectada.

En consecuencia y acreditada la necesidad de ayuda de tercera persona por el actor, procede el reconocimiento de la prestación y situación reclamadas con independencia de que mientras pueda el mismo realice su actividad laboral como administrativo, y sin que el hecho de haber compatibilizado sus lesiones con dicha actividad sea obstáculo alguno a la vista de lo preceptuado en el artículo 141-2° de la L.G.S.S. ya que el fundamento de la situación de Gran Invalidez reclamada se encuentra claramente en la necesidad de ayuda de tercera persona. Razones por las que la sentencia que se impugna debe ser confirmada.

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Valencia de fecha 3 de enero de 2.001 en virtud de demanda formulada por don “Alonso Quijano” , y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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