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CRITERIOS BÁSICOS DE LA UGT RESPECTO A LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA

Desde su Congreso Confederal de marzo de 1998 UGT viene demandando una protección específica de las personas dependientes, como derecho subjetivo perfecto. La inacción durante los últimos años hace que el problema de los cuidados de las apersonas dependientes sea hoy más agudo que cuando empezó a manifestarse a principios de los 90. La demanda de cuidados se ha incrementado de forma considerable como consecuencia de varios factores de conocidos y, además, previsibles.

El modelo de apoyo informal o familiar es indefendible, incluso a corto plazo. Por una parte, porque los poderes públicos no pueden seguir desentendiéndose del problema y endosando toda la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes a las familias. Por otra, porque cada vez existen más personas que precisan cuidados de larga duración y hay menos cuidadores en edad de prestar esta atención porque se incorporan o quieren incorporarse al mercado de trabajo. La escasa respuesta a este problema por parte de las administraciones públicas ha propiciado, además, la expansión del sector privado en su provisión a unos precios inalcanzables para la mayoría de las familias.

UGT participa de ese amplio consenso entre expertos, instituciones y algunas organizaciones sociales que venimos a proponer la creación de un Sistema Nacional de cobertura de la Dependencia o de apoyo a la autonomía personal que, a imagen del Sistema Nacional de Salud, cubra con carácter universal a toda la población dependiente. Participamos también del criterio de que ese sistema se regule “dentro del ámbito de la Seguridad Social”, sin perjuicio de su gestión por las Comunidades Autónomas y, sobre todo, las Corporaciones Locales, y como un derecho exigible, con el fin de garantizar un acceso equitativo a esas prestaciones.

En nuestras resoluciones congresuales, así como seminarios y jornadas técnicas, UGT viene defendiendo un Sistema Nacional de cobertura de la Dependencia con las siguientes características principales:

• La protección a las personas dependientes debe considerarse como un derecho universal y dentro del ámbito de la Seguridad Social, incluido el mutualismo social y administrativo, independientemente de la edad, de los factores o contingencias que hayan originado la dependencia y de la Comunidad Autónoma donde se resida. En definitiva, debe garantizarse el principio constitucional de igualdad.
  
• A efectos de las prestaciones, estarían comprendidos todos los españoles y extranjeros que residan legalmente en España. El campo de aplicación podría ampliarse a los españoles residentes en el extranjero, siempre que no estén protegidos por la misma contingencia por la legislación del país de residencia. En el supuesto de que se estableciesen dos modalidades de protección, la contributiva y la no contributiva, la primera podría ser exportable no así la segunda.
  
• El sistema de valoración de la dependencia que se establezca ha de ser común para toda España, independientemente de su gestión por las Comunidades Autónomas.
  
• Las prestaciones que conceda, que habrán de ser de calidad, y el nivel de protección ha de ser proporcional al nivel de dependencia y a la necesidad de cuidados.
  
• Los programas de cuidados deben orientarse fundamentalmente a mantener el mayor grado posible de autonomía de las personas y a que los servicios de proximidad y ayuda domiciliaria sean predominantes.
  
• Ha de contar con financiación suficiente de las tres administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, fundamentalmente de las dos primeras).
  
• La aportación del usuario en el coste de los servicios ha de mantenerse en parecidos parámetros que en la actualidad, garantizando, en cualquier caso, el acceso a estos servicios a cuantos carezcan de recursos. Si se va a financiar en parte con cotizaciones sociales, la aportación del usuario, el copago, no debe ser excesivo puesto que si no estaría pagando el servicio dos veces: una al cotizar y otra al hacer uso del mismo. Sería recomendable establecer un tope máximo de aportación del usuario según el tipo de cuidados.
  
• El conjunto de las administraciones públicas ha de comprometerse en alcanzar objetivos ciertos, empezando por cubrir a corto plazo las necesidades de las personas con dependencia grave o severa.
  
• La oferta de servicios tanto pública como privada (sea con o sin ánimo de lucro) ha de ser de calidad y sometida a evaluación periódica.
  
• Con el fin de lograr una mayor coordinación entre los sistemas sanitario y de servicios sociales, sería pertinente la articulación de mapas sociosanitarios que integren los diversos niveles asistenciales y de servicios.
  
• El modelo de cuidados debe tener en cuanta, cuando menos, ciertas particularidades como, por ejemplo, la atención en el medio rural y la atención a los discapacitados.
  
• Deben arbitrarse modificaciones legales con el fin de proteger jurídicamente a las personas con necesidades de cuidados regulando los derechos de las personas institucionalizadas.

En lo que se refiere a las prestaciones, es criterio de UGT que estas han de consistir preferentemente en servicios. No ignoramos, sin embargo, que habrá que tener en consideración los deseos de las familias muchas de las cuales seguirán prefiriendo la atención familiar, ni tampoco que en el medio rural las posibilidades de servicios son muy reducidas. En estos u otros supuestos, pueden establecerse prestaciones económicas y/o de otro tipo, como, por ejemplo, el aseguramiento del cuidador a la Seguridad Social y servicios de respiro en los casos de necesidades especiales.

No contemplamos, ni deseamos, la compensación a las familias mediante deducciones fiscales.

A los servicios sociales tradicionales (residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, entre otros), UGT ha venido proponiendo que también se proporcionen recursos para conseguir que el domicilio habitual de estas personas reúna las condiciones necesarias de habitabilidad, confort y servicios suficientes que les permita el mayor nivel posible de autonomía personal.

UGT defiende que las administraciones públicas se impliquen más en la puesta en marcha de infraestructuras de servicios sociales por motivos como, entre otros:

1. Porque es necesario crear una oferta pública de servicios, en primer lugar, para satisfacer la demanda creciente de esos servicios, pues el sector privado sólo acude allí donde es rentable (generalmente grandes núcleos de población).
   
2. En segundo lugar, para regular la oferta en el mercado impidiendo tanto la desigualdad en el acceso debido a prácticas abusivas (caso paradigmático, las residencias privadas de ancianos) como la escasa calidad de muchos servicios de gestión privada.
   
3. Porque el principal problema de buena parte de los servicios personales privados suele ser la baja calidad asistencial propiciada por la laxitud en la acreditación de los mismos al dar prioridad al precio del servicio y no a la calidad del mismo. Como demuestra tanto la experiencia nacional como internacional, los prestadores de cuidados con fines de lucro operan con mano de obra inexperta y mal pagada, y ejemplo de ello es que un notable número de proveedores ha surgido de empresas de limpieza doméstica.

Asimismo creemos conveniente que se fomente la oferta de servicios desde la iniciativa social sin ánimo de lucro por su mayor sensibilidad hacia esta problemática y porque permitiría crear unos servicios más profesionalizados y especializados.

Independientemente de la forma de financiación que se adopte, consideramos ilógico que se fomente el aseguramiento privado a través de incentivos fiscales lo que supondría que ciertos colectivos, especialmente aquellos de rentas más altas, pudieran escabullirse de la solidaridad social. No nos satisface, en absoluto, un modelo de protección pública de mínimos que se pudiese complementar con el aseguramiento privado mediante incentivos fiscales. Lo que se viene a recomendar para las pensiones privadas debe servir también para esta área de bienestar.

Madrid, 12 abril de 2005

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