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EL CUARTO PILAR DEL ESTADO DE BIENESTAR
Por Miguel Ángel Heredia Díaz, portavoz de Discapacidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
Artículo de opinión publicado en "Opinión de Málaga"
La dependencia es una situación personal, ligada a la falta de autonomía física o intelectual, que se caracteriza por una necesidad importante y prolongada de ayuda o asistencia para realizar los actos de la vida cotidiana, y de modo particular los referentes al cuidado personal.
Este fenómeno no es nuevo en nuestro país, siempre han existido personas mayores o discapacitadas que han precisado de atención de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria, lo que es nuevo es el importante incremento de personas de edad muy avanzada, así como los cambios importantes en la estructura familiar y en la dinámica de la familia.
En nuestra provincia de Málaga el 3% de la población es dependiente, lo que supone 35.000 personas que no pueden valerse por si mismas para las tareas básicas de la vida diaria, en su mayoría son ancianos y discapacitados graves.
Según datos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de noviembre, el 76% de los españoles opinan que es una prioridad del Gobierno elaborar un Programa Nacional de Atención a las personas en situación de dependencia y el 68,5% citan el apoyo a las personas dependientes entre las medidas que debería tomar el Gobierno para facilitar la vida familiar.
El Gobierno de Zapatero tiene el firme propósito de dar un nuevo paso en la profundización del Estado del Bienestar y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante el desarrollo de un sistema de protección a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Haciéndolo con el máximo consenso, con el acuerdo de empresarios y sindicatos. Pero también, propiciando un amplio acuerdo con las Comunidades Autónomas, con las Corporaciones Locales y, en el ámbito parlamentario, con los grupos políticos.
En los ocho últimos meses, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha realizado un intenso trabajo en la elaboración del Libro Blanco de la Dependencia, cuyo objetivo es ofrecer un diagnóstico riguroso de la situación de las personas dependientes en España y ofrecer alternativas útiles para llevar a cabo la implantación de un Sistema Nacional de Dependencia.
El Libro Blanco ofrece una amplia panorámica sobre los aspectos demográficos, características y perfiles de la dependencia; el régimen jurídico de protección de las personas dependientes; el apoyo informal; los niveles de cobertura de la red de servicios sociales y sanitaria; la coordinación sociosanitaria; los presupuestos y recursos económicos que se podrían destinar a la financiación de la dependencia, los criterios de valoración de la dependencia; la generación de empleo y los retornos económicos y sociales estimados; y el análisis comparado de los modelos de protección.
Mejorar la protección social de la dependencia en España es una apuesta por el empleo. Y, sobre todo, por el empleo para mujeres. Según los datos del Libro Blanco, se estima que la puesta en marcha del sistema generaría unos 300.000 puestos de trabajo. La mayoría de las nuevas ocupaciones afectarán a colectivos de mujeres que tienen especiales dificultades de inserción laboral.
Pero además, es una política a favor de las familias. La atención a las personas dependientes se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres. Sólo el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes cuenta con el apoyo de los servicios sociales. Sólo el 3,14% de las personas mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, el 2,05% con teleasistencia y el 0,46% con una plaza en un centro de día.
En definitiva, establecer un nuevo sistema de atención a las personas dependientes en España es una política a favor de la igualdad.
A favor de la igualdad de las mujeres, ya que permitiría no hacer recaer la provisión de cuidados principalmente en ellas cuyo trabajo es, "invisible" y no remunerado. También igualar las oportunidades entre mujeres que cuentan con recursos económicos suficientes para pagar el apoyo que precisan y las que no pueden hacerlo.
No debemos olvidar que el gasto en Servicios Sociales debe ser considerado como inversión social, porque los recursos financieros que dediquemos a estas políticas crearán empleo, bienestar y calidad de vida. Además, hay que tener en cuenta los retornos económicos, vía impuestos: IRPF, IVA, impuestos de sociedades, y también por la dinamización de la economía.
Establecer un sistema de atención a la dependencia que responda a las demandas actuales de los ciudadanos es un objetivo del país en el deberíamos sentirnos implicados todos. Porque, en definitiva, va a ser un logro, de todos, configurar el cuarto pilar del Estado del bienestar.