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¿Qué Ley de autonomía personal esperamos?
Por: José Antonio Nóvoa Romay
Foro de Vida Independiente
Marzo 2006
Nos congratulamos porque en España se tome al fin una iniciativa anunciada
para promover la autonomía personal, porque cuando el Gobierno del Estado
dice asumir sus responsabilidades para hacer una ley con este propósito, lo
que se espera de él son las políticas facilitadoras para la inclusión y
participación de las personas sin posibilidad de desarrollar sus derechos de
ciudadanía, que aún somos vistos y tratados de modo diferenciado y
segregado con tremenda naturalidad.
Realmente, consideramos esto viable porque el Gobierno de la novena
potencia mundial, en la Europa del Siglo XXI, está en óptimas condiciones para
poner en marcha un sistema que haga frente a las causas sociales de la
discapacidad, suprimiendo las barreras que nuestra sociedad pone a las
personas con diversidad funcional para su vida diaria, interviniendo en los
factores materiales discapacitantes, cuya existencia no es inevitable sino que
hay posibilidad y condiciones para el cambio, como han venido demostrado
nuestros vecinos europeos desde los años 80.
Queremos que el sistema pretendido como cuarto pilar del bienestar valga para la deconstrucción social de la discapacidad, contribuyendo a estimular la identidad de las personas con diversidad funcional como ciudadanos con derecho a una Vida Independiente, favoreciendo la situación en la que cada persona con diversidad funcional ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad, progresando más allá del asistencialismo paternalista y caritativo del actual modelo médico-rehabilitador.
Pero para lograr el establecimiento de un derecho subjetivo y universal
sostenedor de una sociedad basada en la inclusión y la justicia, el Espíritu de la
Ley de promoción de autonomía personal ha de ser congruente con el acervo
normativo impulsado desde la Organización de Naciones Unidas y la Unión
Europea, reconociendo que el principio de igualdad de oportunidades de todos
los ciudadanos representa un valor inalienable y común a todos los estados,
considerado como el punto de referencia obligado al cual deben remitirse las
estructuras económicas y sociales, de modo transversal, cumpliendo lo
formulado y suscrito en la Declaración de Madrid en 2002: "No Discriminación +
Acción Positiva = Igualdad de Oportunidades".
El modelo que deseamos para esta nueva ley es el de Vida Independiente, que rechaza y trata de disolver las características y circunstancias que generan desventaja respecto a otras personas o grupos de personas en el acceso a recursos, equipamientos, servicios y espacios. La liberación de las personas con diversidad funcional con autonomía personal reducida sólo será viable con un instrumento para la emancipación e inclusión que nos permita autogestionar los servicios recibidos conforme a nuestros propios planes de vida. Esto será posible mediante el ineludible reconocimiento a todos los efectos de la figura del Asistente Personal junto con la implantación del sistema de Pago Directo en función de las necesidades asistenciales individuales, sin penalizar o responsabilizar al usuario por su situación vital, exactamente igual que el sistema de Seguridad Social, que no distingue entre las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios ni desiguala prestaciones según comunidades de residencia.
Conforme a nuestro lema "Nada sobre nosotros sin nosotros", buscamos la participación en el diseño y la creación de los servicios dedicados a resolver nuestro déficit de ciudadanía, en su realización y en su evaluación. Queremos un sistema que promueva la autodeterminación de las personas con diversidad funcional, porque si las personas obtenemos el control de los medios que nos permiten la autonomía nuestras vidas mejorarán, la participación social será posible, la discriminación y la exclusión serán menos fáciles y los costes del sistema disminuirán o, cuanto menos, no aumentarán.
Y para que esto sea una realidad sólo se necesitan políticos con voluntad de legislar con propósito de permitir la liberación de los más vulnerables de una gran minoría que sólo reclama derechos exigibles efectivos.
Galicia, 19 -3- 2006.