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Reflexión sobre el nuevo trato social para los derechos humanos
(Asentado sobre la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad).- Por José Antonio Nóvoa Romay. Foro de Vida Independiente. Xullo 2008
En Galicia hay más de 200.000 personas que manifiestan algún tipo de discapacidad. Hablamos de una gran minoría social que comprende todos los estratos sociales, edades, sexos, orientaciones o identidades sexuales, colores de piel, idiomas, habilidades mentales o físicas, entre otras características, recorriendo nuestra sociedad tranversalmente, significando un factor más de diversidad y un fenómeno social de primera magnitud.
Las categorías utilizadas para interpretar el fenómeno social de la discapacidad, para considerar las diversidades físicas, mentales y sensoriales relacionadas al mismo, han variado en el tiempo desde un enfoque animista - religioso (apelando a lo sobrehumano, al pecado, al castigo divino, etc.) a otro técnico - secularizado, que considera las deficiencias como resultado de alguna patología, innata o sobrevenida.
La humanidad ha transitado por pasajes desiguales en la forma de relacionarse con este aspecto de su propia diversidad: en unos momentos decide prescindir de las personas con discapacidad, bien mediante costumbres o políticas eugenésicas, o bien instalándolas espacios destinados al apartamiento de los diferentes; en otros momentos, indulgentemente, adoptando políticas basadas en la caridad o dispuestas desde explicaciones paternalistas, dirigidas a corregir objetos de tratamiento para lograr remedios teóricos, aunque fuera a costa de la soberanía personal y la dignidad de los beneficiados.
En los años 70 del pasado siglo, al principio en los Estados Unidos y, posteriormente, en otros países, surgió un movimiento social cuyos principios fueron levantados por personas con diversidades funcionales notables, que no aceptaban quedar al margen de la sociedad a voluntad de las instituciones, especialistas y familiares, que decidirían todo por ellos. En aquel momento, se inició el movimiento internacional de Vida Independiente.
Pioneros de Vida Independiente como Ed Roberts y Judy Heumann, en América, o Jonh Evans, Adolf Ratzka y Bente Skansgård, en Europa, junto con otras muchas personas, demostraron que las personas con discapacidad deben tener capacidad plena para gestionar sus intereses y obligaciones con independencia, realizando sus elecciones y tomando decisiones sobre lo que es mejor para ellas mismas. Demandaron el derecho de hacerlo así, ejercieron como activistas que tomaron el control sobre sus vidas, y han logrado la apertura de espacios de libertad y ciudadanía real para toda la humanidad.
Vida independiente es fruto del discurso de una ideología que declara que las personas con discapacidades debemos tener los mismos derechos civiles, opciones, y control sobre nuestras vidas, al igual que las personas sin discapacidad. Existe una estrecha relación entre este movimiento con otras luchas políticas y sociales. Asuntos básicos como la discriminación, ya sea basada en el racismo, o en estereotipos erróneos sobre género, orientación sexual, imagen corporal, o trabas a la educación o al empleo, así como las estrategias y tácticas utilizadas por los más notorios movimientos de derechos civiles, son muy similares.
En España, donde hemos remontado una larga noche de piedra de 40 años para poder gozar de una democracia moderna, bastante sabemos cuanto cuesta librarse de las cavernas del estigma, sea político o personal. Aún ahora, nuestra sociedad está haciendo acomodo a otros movimientos de liberación, cuyas conquistas han estado apoyadas por gobiernos parlamentarios, que han ampliado derechos para lograr la ciudadanía igualitaria de mujeres, de personas homosexuales o de minorías étnicas.
Ya es hora de superar comprensiones ancestrales centradas en la persona como problema, en la idea de adaptarla a las formas establecidas de hacer las cosas. Es momento de apearse de las creencias, los valores y las prácticas que conforman una cosmovisión que reduce a las personas, constriñéndolas en espera de ayuda de manos de expertos que asumen una potestad categórica sobre sus modos de vida. Debemos replegar los artificios sustentadores del minusvalidismo y el viejismo, estimular aquellas herramientas sociales que promuevan ciudadanía para la diversidad, extendiendo la calidad de vida y amplificando nuestra democracia, incorporando efectivamente a quienes históricamente han sido excluidos.
Hay que actualizar las explicaciones sobre los asuntos que conciernen a las personas con discapacidad, partiendo de la premisa de que las personas no somos el problema: todas tenemos derechos, merecemos respeto e igualmente compartimos sueños y aspiraciones legítimas. Desde algunas posiciones con pujanza innovadora de las administraciones nacionales, y desde los organismos internacionales se recomienda que las políticas y programas gubernamentales que promocionan la rehabilitación se vuelvan a diseñar para avanzar en el camino hacia la plena inclusión social y la participación de las personas con discapacidad, favoreciendo la Vida Independiente y la Autodeterminación, empoderando a las personas para la Ciudadanía Activa. Los ciudadanos de Galicia no pueden estar al margen de estas posiciones a las que se debe abrir paso de forma más decidida y, sobre todo, apreciable.
En el ideario de Vida Independiente consideramos la diversidad como la cualidad de ser diferente o único en el espacio individual o grupal, como un valor positivo y enriquecedor. Aún cuando las personas parecen ser iguales por fuera, acostumbran a ser muy diferentes. Por ello, estimamos el impulso de la inclusión como una estrategia para hacer uso de la riqueza que aporta la diversidad. La diversidad es inherente a la sociedad humana. Pero, la inclusión debe construirse. Para aprovechar la diversidad, debemos crear un entorno en el que las personas se sientan escuchadas, respaldadas, libres e independientes para participar y ser capaces de dar lo mejor de sí mismas: si construimos inclusión y empoderamos personas, construimos ciudadanía real y dignificamos nuestra sociedad.
Hemos aprendido que hay modelos que lejos de subyugar el pensamiento individual y auto-otorgarse la autonomía moral de las personas con discapacidad, logran ensanchar y extender el derecho a la diferencia, la autodeterminación, el acceso a los bienes y servicios, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades. Por eso los movimientos que promueven los derechos civiles y los modelos de vida independiente son una gran oportunidad para construir la Galicia del siglo XXI.
Esto mismo han entendido quienes han promovido y quienes han aprobado la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en diciembre de 2006. Un Tratado Internacional que adopta el modelo social de discapacidad al asumir que la discapacidad resulta de la interacción de las personas con barreras debidas a la actitud y al entorno. Con la Convención disponemos de un instrumento superador del lastre asistencialista, que posibilitará incorporar a todas las personas con diversidad funcional como ciudadanos que deben ser parte visible y activa de nuestra sociedad: hablamos de inclusión.
La Convención pone de manifiesto que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Que las personas con diversidad funcional no deben ser “objetos” de políticas caritativas o asistenciales, sino que son “sujetos” de derechos humanos. Que las desventajas sociales que soportan no deben eliminarse como consecuencia de la “buena voluntad” de los Gobiernos o de particulares, sino que deben eliminarse porque son desventajas que violan nuestros derechos humanos.
En España la Convención está en vigor desde el día 3 del pasado mes de mayo. Ahora debemos de revisar nuestras políticas y normativas, debemos supervisar exhaustivamente la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se trata de compartir conocimiento e ideas, trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Hay que realizar modificaciones normativas para hacer efectivas las obligaciones legales derivadas de este nuevo instrumento internacional que nos incluye y favorece a toda la sociedad.
Los actuales representantes políticos están supeditados a la Convención, deben actuar poniendo fin a la falta de planificación existente hasta ahora en materia de Derechos Humanos para las personas con discapacidad, durante tantos años de gobiernos de variado cariz, repletos de políticas fragmentadas y de carácter residual. Hemos de unificar criterios y alinearlos con la Convención, que debe marcar el rumbo de la política social de discapacidad, implicando a diferentes departamentos de las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) en la definición y planeamiento de líneas de actuación en los asuntos sociales, sanitarios, educativos y del trabajo, así como en la planificación urbanística de los espacios y equipamientos públicos, de la vivienda, del transporte, etc. En fin, de todos los ámbitos donde los ciudadanos desenvuelven y construyen su ciudadanía.
Es preciso estimular un nuevo trato social, que requiere abrir el camino en la agenda política de Galicia a una nueva situación de las personas con discapacidad en la sociedad. El escenario que viene implica situar la dignidad, la autoestima y la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, en el corazón mismo de los debates políticos relevantes, para centrarse en la inclusión de los acuerdos sociales y económicos existentes en la sociedad gallega. Nos afirmamos sobre la idea de que la diversidad humana es un punto fuerte para toda sociedad, y que la política de abrir el espacio a la diversidad es un factor beneficioso para nuestro patrimonio social y económico.
Sobre la mesa está el derecho igualitario de pretender las oportunidades que la vida le ofrece a cada individuo, habilitarse para la participación por medio de la educación y la visibilidad, y estar incluido en su comunidad. La construcción de ciudadanía implica una sociedad que estimule la libre expresión y el desarrollo de personas, con la conciencia de que su solidaridad y participación construyen la sociedad en la que viven. Aplicando la Convención, se allanará el camino a las personas con discapacidad que demandan el derecho a participar y, así mismo, el derecho igualitario de contribuir a enriquecer nuestras comunidades.
Algunas personas con discapacidad hemos entendido activamente que era, y es, necesario convertir las necesidades sociales en derechos ciudadanos. El avance económico y social de Galicia pasa por conseguir la convergencia con Europa en bienestar social. Y para ello sostenemos que las prioridades son: el empoderamiento de las personas con discapacidad, la atención a la familia y a sus necesidades devenidas, la valorización y estimación de la gente mayor, y la lucha contra cualquier tipo de discriminación o marginación social derivada ligada a la discapacidad de la persona. Por ello, desde Vida Independiente, celebramos y apoyamos la Convención de Naciones Unidas, y alentaremos el nuevo trato social afirmado sobre la misma.
Poderes públicos, sociedad civil y ciudadanía, todas y todos, debemos comprometernos con la labor de inclusión hacia y con las personas con discapacidad (o mejor, personas con diversidad funcional), debemos prepararnos para que asuman un papel activo, libre de trabas, como ciudadanos con iguales derechos que todos los demás. Nos concierne de lleno extender el territorio de la inclusión y la diversidad, con el objetivo de favorecer la visibilidad, la participación, el empoderamiento y la valorización personal de las niñas, los niños, la mujeres y los hombres con diversidad funcional de Galicia, contribuyendo a la construcción de una sociedad equitativa, solidaria, inclusiva y diversa. Toca impulsar el nuevo trato, en el que todas las personas importan.
Galicia, 28 de xullo de 2008.
José Antonio Novoa (VIGALICIA)
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